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Mancuso confirma nexos del Estado colombiano con paramilitares: exterminaban partidos y hasta “nombraban presidentes”

El exjefe paramilitar colombiano Salvatore Mancuso, reveló que la estructura estatal de Colombia es responsable del genocidio contra la organización de izquierda Unión Patriótica, difundió la agencia RT.

Mancuso se refirió al entramado compuesto por el Estado y sus instituciones regionales, legislativas y judiciales, que estuvieron vinculadas a las acciones de exterminio de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en contra de líderes locales, población civil, miembros de la guerrilla y dirigentes políticos opositores, como el caso de la Unión Patriótica (UP), que sufrió un genocidio político.

Interpelación judicial

Salvatore Mancuso, exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y quien se encuentra en una prisión de Estados Unidos, participó junto al excomandante de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’, ante la Comisión de la Verdad colombiana para hablar sobre los crímenes de lesa humanidad que cometieron, y de los sectores económicos y políticos que los apoyaron para contribuir a la prolongación de la guerra.

Los 2 antiguos enemigos durante un tramo del conflicto armado en Colombia, que se ubicaron en los extremos de la insurgencia y de la contrainsurgencia, a través de sendas videollamadas, reconocieron su responsabilidad como actores del conflicto y pidieron perdón a los afectados, ante 20 víctimas presentes en un encuentro moderado por el sacerdote Francisco de Roux, que preside la Comisión.

“Ahora nos preguntamos: ¿fueron necesarias tantas víctimas? La guerra no tiene lógica y en su momento no nos dejó pensar en el daño que estábamos haciendo”, dijo Londoño durante su intervención.

Si bien Londoño y Mancuso participaron en esta interpelación ante la Comisión y las víctimas, fue el exlíder paramilitar quien hizo revelaciones más impactantes al delinear la participación estatal en las acciones violentas contra los grupos subversivos, que también afectaron a la población civil.

Las revelaciones claves

Las AUC fueron una organización narco-paramilitar y terrorista de extrema derecha que se conformó a finales de los años 90, y que se desmovilizó en 2006, tras un acuerdo de paz durante el gobierno de Álvaro Uribe. Se le atribuyen más de 300 mil hechos criminales, que dejaron más de 400 mil víctimas de la sociedad colombiana.

Mancuso, quien estuvo al frente de las AUC, explicó ante la Comisión de la Verdad, que inicialmente surgieron como “una reacción armada ante la insurgencia” y que recibieron el apoyo de empresarios, ganaderos, agricultores, entre otros.

Debido a su presencia en las comunidades, donde no había presencia estatal, afirma que se convirtieron en “un Estado de facto” legitimado como “un actor del conflicto” que posteriormente influiría en la política colombiana.

“Empezamos a orientar a las comunidades de cómo se elegían al presidente de la junta de acción comunal, a los concejales, alcaldes, diputados, gobernadores, congresistas y hasta presidentes alcanzamos a nombrar”.

Según aseguró, fue reclutado por el Estado en 1992, por las AUC a principios de 1995 y trabajó como informante y colaborador del Ejército desde 1997.

Parapolítica en Colombia

Mancuso afirmó que cuando se vincularon a la política “en busca de solución de problemas” de las comunidades, empezaron “a pactar con diferentes sectores políticos”, lo que se conoció como la ‘parapolítica’. Esta práctica les otorgó el “control y dominio” en más del 35 % del Congreso y en alcaldías, gobernaciones y centenares de municipios.

“Esto nos llevó a enfrentar a aquellos que consideramos que eran los enemigos de la nación colombiana, que estaban haciendo política y que tenían un brazo armado”, con referencia a la Unión Patriótica, un partido surgido de otro acuerdo de paz establecido en los años 80 entre el Gobierno y las FARC.

Del mismo modo, al hablar de los nexos con los sectores económicos, relató que bajo intimidación, la organización paramilitar compró tierras en la subregión del Urabá que después vendió parcialmente al Fondo Ganadero de Córdoba para crear una “burbuja económica”.

¿Quién dio la orden?

El exjefe paramilitar, extraditado a EE.UU. en 2008, afirmó que cuando la guerrilla decidió conformar la UP y se inició su vinculación con la vida política, empezó una preocupación “enorme” por parte de las instituciones de seguridad del Estado y de los gremios económicos e industriales.

“La UP no fue exterminada por las autodefensas, su gran victimario fue el Estado colombiano”, aseveró ante la Comisión de la Verdad, y agregó que al poder estatal le preocupaba que la guerrilla tuviera un brazo político en la legalidad.

En su exposición atribuyó estas acciones de exterminio de la militancia y de la dirigencia de la UP al “miedo” a que Colombia “se convirtiera en otra Cuba”, a que se “expropiaran las propiedades a los sectores económicos y que los políticos perdieran la contienda electoral”.

El Ejército y la Policía

Según su testimonio, tanto el Ejército, como la Policía, a través de la la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) y el desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), fueron responsables del exterminio.

No estábamos al servicio de una élite económica nacional, queríamos llegar a tener poder dentro del Estado”, sostuvo tras responsabilizar al Gobierno de impedir un proceso de negociación con las AUC, tanto en la presidencia de Ernesto Samper (1994-1998) como en la de Andrés Pastrana (1998-2002). “Nos usaron para que cumpliéramos la responsabilidad de solucionar los temas políticos, económicos y sociales de las zonas”.

Explicó que las AUC recibían listados de las instituciones del Estado para que cometieran asesinatos de dirigentes políticos, líderes sociales e indígenas, y corroboró que se estigmatizó a la UP con ayuda de un entramado del Poder Judicial.

“Hubo construcción de impunidad alrededor de investigaciones”, recordó Mancuso, y detalló que quienes llevaban los casos, que implicaban a los “determinadores” de los crímenes, eran asesinados por las autodefensas “para impedir que la investigación continuara y así el Gobierno quedara libre de toda responsabilidad”.

T/ VTV/ LRDS

 

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