¿En qué se parece la Asamblea Nacional a la Constituyente del 17? Balance del año uno

Le pido a Prodigio Pérez que haga una evaluación del primer año de actividades de la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2020 y ella, remedando a Juan Gabriel, dice que el nuevo Parlamento bien podría dedicarle un Te pareces tanto a mí a la Asamblea Nacional Constituyente de 2017.

Me arrellano en el sofá a esperar su explicación de este ingenioso giro metafórico, pensando en que por algo es mi politóloga favorita, y ella suelta su análisis: “La ANC alcanzó su gran logro por el solo hecho de ser electa y con las medidas urgentes que tomó en las primeras semanas para estabilizar un poco el país —precisó—. Luego, no hizo gran cosa, salvo reunirse para aplaudir discursos y aprobar cosas por unanimidad”.

Prodigio aclara que no quiere ser demasiado estricta con el nuevo Parlamento, que apenas arribará en enero a su primer año completo. “Solo tengo el temor de que repita al calco la historia de la Constituyente. Esperemos que en el segundo año se deje de eso y haga todo lo otro que tiene que hacer”, expresa.

La excelsa analista recuerda que la ANC puso fin a cuatro meses de violencia callejera opositora que estuvo a punto de llevarnos a la guerra civil. Apenas finalizó la elección, aquel 30 de julio, el mismo país que había visto eventos horribles, como el linchamiento (apuñalado e incinerado) de Orlando Figuera, pasó el suiche y entró en un remanso de paz social y política. Todo gracias a la Constituyente, a la que, solo por eso le debemos un enorme agradecimiento.

En tanto, la AN que entró en funciones el pasado enero, puso fin a un ciclo de locuras parlamentarias que comenzó en 2016 con Ramos Allup expulsando los retratos de Bolívar y Chávez del recinto legislativo y prometiendo derrocar a Maduro en seis meses; y terminó con una AN dividida en dos: una parte que intentaba funcionar, según la Constitución, en el Palacio Legislativo, y otra que sesionaba (y aún pretende hacerlo) en plazas, locales de periódicos venidos a menos y salones de fiesta de edificios, con graves problemas de utilería, bajo la ficción del interinato.

Pese a las pataletas de los abstencionistas y las declaraciones deslegitimadoras de Washington y sus aliados y lacayos, la AN se instaló y comenzó a realizar gestiones para abrir camino a los dos grandes acontecimientos políticos del año en Venezuela: la reanudación del diálogo con la oposición radical y las megaelecciones.

El Poder Legislativo renovado avanzó en la designación de la directiva del Consejo Nacional Electoral, lo que permitió convocar a los comicios para las gobernaciones, alcaldías, consejos legislativos y concejos municipales. En paralelo, contra muchos pronósticos, se tomó de nuevo la ruta del entendimiento, con los encuentros de México, auspiciados por Noruega y varios países acompañantes.

Visto desde este diciembre, cerrado ya el capítulo de las elecciones (salvo Barinas), el avance luce colosal.

Puede afirmarse que solo con esa enorme conquista política, la AN nueva ya hizo su tarea este primer año. Y le habría quedado aún mejor si el diálogo no hubiese tropezado con el escollo que lo detuvo en octubre. Bien por la AN.

El riesgo de parecerse  la ANC

Sin embargo, es aquí donde surge la aguda observación de Prodigio acerca del riesgo de parecerse tanto a la ANC. Y es que, luego de su gigantesca hazaña de pacificar al país y de dos o tres medidas para evitar que la oposición insurreccional, guiada desde EEUU, perpetrara alguno de sus planes inconstitucionales (magnicidio, invasión, golpe de Estado, gobierno paralelo, etc.), la Constituyente —pequemos de franqueza— no hizo más nada de lo que mucha gente en el país esperaba que hiciera.

Por ejemplo, la ANC no presentó un proyecto de nueva Constitución, lo cual remite a aquello que decía mi amigo el excomunista: el arroz con pollo sin pollo. 

Aunque parecía ideal para ello, tampoco sirvió de escenario para los “grandes debates del siglo XXI”, como la interrupción voluntaria del embarazo, el matrimonio igualitario o la eutanasia, que se han dado en países políticamente mucho más conservadores que Venezuela y sin necesidad de una entidad constituyente.

Pero el tema que muchos venezolanos esperaron inútilmente que asumiera la ANC fue el económico.  En tres años y unos meses de vigencia, sus autoridades —dicho con un verbo criollo muy ilustrativo— guaralearon ese asunto, a veces con maestría y otras tantas burdamente.

Se entiende que la ANC fue una herramienta fundamental para capear uno de los temporales más duros de los muchos que ha sufrido el país en estos años, pero es conveniente dejar constancia de que tanto en la calle como en las entrañas del movimiento revolucionario había un debate encendido sobre ese asunto, que la Constituyente prefirió pasar por alto.

¿Pasará lo mismo con la Asamblea Nacional vigente? Bueno, en su defensa hay que anotar que, aparte de los enormes logros ya citados, aprobó 38 leyes, según el balance presentado por su presidente, Jorge Rodríguez.

No obstante, existe la fuerte sensación de que la AN tampoco abordó el tema fundamental de la economía, sobre todo en su arista más acuciante: el ingreso de los trabajadores activos y pensionados y la situación precaria de la parte de la población que no ha logrado subir al tren de la dolarización.

Aquí la crítica de Prodigio remacha el punto del “te pareces tanto a mí”, pues igual que la Constituyente, la AN ha sido refractaria al tema. Las directivas de la Cámara y de las comisiones clave en esta materia se han negado a abrir el debate y para ello han “bloqueado” (como si se tratara de una cuenta de Twitter) a muchos que han planteado ideas polémicas, entre ellos varios miembros de la misma AN. Delicado síntoma.

“Esa es una mala praxis —dice a politóloga—. Se entiende que quienes ejercen altos cargos parlamentarios están en línea con la política económica del Gobierno y que por ello se nieguen a proponer cambios. Lo que no se entiende es que se resistan a abrir el debate al respecto. ¿No es acaso debatir la naturaleza misma de un Parlamento?”.

Contraloría e investigación

Otro aspecto en el que la AN no avanzó lo suficiente en este primer año es en la gestión contralora de la Administración Pública del Estado legítimo. Hay que hacer la precisión porque sí se dieron pasos importantes en la investigación de los desmanes del nefasto “gobierno paralelo”, pero faltó hincarle el diente al Gobierno verdadero, que no es un jardín de rosas en esta materia.

El mismo presidente Maduro pidió a la AN desde un principio que le apretara duro las tuercas a su equipo, que citara a los ministros y otros funcionarios para interpelarlos, de modo que, aparte del látigo de la contrarrevolución (como dijo Chávez), sintieran el resuello en la oreja de un Parlamento vigilante. Esto no se ha hecho o, en el mejor de los casos, se ha hecho sin darle la suficiente difusión.

Tratando de ser propositiva, Prodigio dice que en 2022 debería restablecerse la práctica del seguimiento a la gestión gubernamental desde las comisiones parlamentarias e, incluso, en comparecencias a cámara plena.

Además de las interpelaciones, la AN puede y debe emprender investigaciones sobre grandes temas de interés nacional, a través de sus comisiones y órganos auxiliares, utilizando los recursos del mundo académico, científico y tecnológico. Si se hace de esa forma, lo informes emanados del Parlamento pueden tener autoridad y ayudar a crear o ajustar políticas públicas.

Para lograr este objetivo, está claro que la AN tiene que estar en un lugar distinto al que ha ocupado en los últimos lustros. No puede ser la franquicia de Washington para la conspiración contra el Gobierno y contra el sistema político venezolano, como lo fue durante el período 2016-2021; pero tampoco puede ser un poder subordinado al Ejecutivo, como lo fue durante el período sin oposición, 2006-2011 (por culpa de la torpeza del antichavismo abstencionista, es bueno dejarlo sentado), o como lo fue la Constituyente de 2017.

El Poder Popular

Finaliza Prodigio su sustancioso análisis, diciendo que una AN con amplia mayoría gubernamental, como lo es la actual, está obligada a activarse más allá de lo normal en la tarea de generar nexos con sectores diversos, fuera de sus muros, como mecanismo para ampliar los consensos y, de esa manera, darle más base de legitimidad a sus decisiones.

En el ya referido período de la AN roja-rojita (la electa en 2005) se lanzó la tesis del “parlamentarismo de calle”, en procura de esa ampliación de consensos. Tal vez sea la hora de desempolvar lo que haya tenido de positivo esa experiencia.

En especial, la AN debería abrir sus compuertas para oír y darle beligerancia al Poder Popular, pues ya es hora de que el Parlamento deje de ser un muro de contención para las comunas, los consejos comunales, las mesas técnicas y entes afines, y pase a ser una potente caja de resonancia para esos órganos en los que sobrevive la esencia del cambio político iniciado en 1999.

Reflexión dominguera

Cierra el año 2021 y la maquinaria mediática atapuza al planeta entero de informes de toda clase de asociaciones, gremios ONG, institutos y observatorios según los cuales las violaciones a la libertad de expresión y de prensa se han registrado en China, Rusia, Bielorrusia, Irán, Cuba, Nicaragua y, por supuesto, en Venezuela, vale decir, en los países «enemigos» de EEUU. de la Unión Europea y de sus lacayos.

Algunos de esos informes vienen, de origen, con ese sesgo, es decir, solo tienen ojos para ver los reales o supuestos atentados contra el derecho a la información en países de ese corte. En otros, mucho más serios, se reseñan las violaciones que también ocurren en las naciones que pretenden ser ejemplos y  jueces mundiales en esta materia, es decir, una vez más, EEUU, los de la UE y los que tienen gobiernos serviles a sus intereses. Pero, sean del primer tipo de informe o del segundo, el aparato mediático siempre hará ver los «desmanes» en China, Rusia, Bielorrusia, Irán, Cuba, Nicaragua y, por supuesto, en Venezuela, y ocultará o restará importancia a sus propios trapos sucios.

Esta manipulación llega a ser depravada cuando se habla de gravísimas amenazas contra periodistas  en los países estigmatizados como «autoritarios», mientras se relativiza y normaliza el caso más grave de violación al derecho a estar informado que ha ocurrido en lo que va de siglo a escala global: el de Julián Assange, en el que los perpetradores de la persecución son EEUU y Reino Unido, con la complicidad de la UE y de gobernantes cipayos, como el del expresidente ecuatoriano Lenín Moreno.

La maquinaria mediática, que en su momento sacó mucho provecho a las revelaciones de WikiLeaks, ahora ayuda a criminalizar el trabajo de Assange y así legitima el proceso judicial en su contra. En 2022 este infame juicio podría encaminarse hacia la prisión perpetua del comunicador, un retroceso de varias décadas en las luchas por los derechos informativos universales. Ah, pero, lea usted los informes y los balances y verá que el gran problema está en China, Rusia, Bielorrusia, Irán, Cuba, Nicaragua y, por supuesto, en Venezuela.

T/Clodovaldo Hernández