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Primer Ministro australiano se pone del lado de un ministro acusado de violar a una menor hace 30 años

Una serie de recientes denuncias de violación sexual en las esferas del Parlamento australiano, entre ellas una contra un ministro, ensombrece la gestión del mandatario, Scott Morrison, quien se desmarcó del asunto este lunes al decir que la Policía investiga las acusaciones.

Estas denuncias «han impactado en la imagen de Morrison porque no las está gestionando bien», dijo hoy la politóloga Maria Maley, de la Universidad Nacional Australiana (ANU, siglas en inglés), al acotar que el Gobierno afronta «un problema moral y ético» frente a la complicada denuncia contra su ministro.

Varias denuncias

El miembro del Gabinete, quien no ha sido identificado para proteger su presunción de inocencia, fue acusado de violar a una adolescente de 16 años en 1988, antes de que éste entrara a la política, según una carta dirigida a Morrison y a tres legisladoras sobre los hechos y que se hizo pública el viernes por la noche.

El Ejecutivo afronta fuertes críticas desde que a mediados de febrero una exasesora del Partido Liberal de Morrison denunció haber sido violada en 2019 por un antiguo compañero de trabajo en el Parlamento, a lo que siguieron otras tres denuncias contra este hombre y una posterior contra un diputado opositor.

En manos de la policía

La presunta víctima del ministro, quien el año pasado había denunciado el incidente a la Policía del estado de Nueva Gales del Sur, se quitó la vida antes de cumplir los 50 años, por lo que su caso fue archivado a raíz del deceso.

El miembro del Gabinete acusado «ha negado vigorosamente estas acusaciones», dijo este lunes Morrison, que dijo que mantendrá en el cargo al ministro denunciado mientras se investiga el caso.

Revelar el nombre del ministro

«En este país tenemos un estado de derecho y es adecuado que estas denuncias sean referidas a la Policía Federal, como se han hecho. Ellos son las personas competentes y autorizadas en la gestión de estos asuntos de gravedad y sensibilidad», apuntó Morrison.

El Código de Conducta Ministerial establece que un «ministro debe hacerse a un lado si ese ministro se convierte en objeto de una investigación oficial de presunta conducta ilegal o impropia».

La senadora del Partido Verde Sarah Hanson Young dijo este lunes que no descarta la posibilidad de revelar el nombre del ministro amparándose en sus privilegios parlamentarios que le conceden inmunidad judicial.

Crisis de integridad

«Tenemos que entender que existe una crisis de integridad sobre este Gobierno y el Gabinete de Morrison. Mientras el acusado siga y se rehúse su cese, no se cuán seriamente se toma este Gobierno este caso», dijo la senadora a la cadena local ABC.

Para el abogado Michael Bradley, que representa a la presunta víctima, «el asunto no puede resolverse mediante un proceso penal», según declaró a la ABC, al insistir que «desde el punto de vista político y ético, las acusaciones no pueden ignorarse».

«Su posición es claramente insostenible y debería hacerse a un lado o permanecer al margen hasta que este asunto pueda ser abordado y resuelto», añadió Bradley.

Un entorno con «privilegios y secretismo»

La politóloga Maria Maley remarcó que estos casos de violaciones en los centros de trabajo responde a «un ambiente político donde hay privilegios, mucho secretismo y un desequilibrio fundamental de poder entre un legislador y su empleado».

Australia comienza a reconocer estas situaciones como «un problema», aunque continúa rezagada con respecto a las medidas adoptadas por los Parlamentos de Nueva Zelanda, Reino Unido y Canadá para poner freno al acoso sexual.

T/ Agencias/ LRDS

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