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Colombia: Congresistas rechazan Ley de Seguridad aprobada por el Senado

Confiere licencia para matar, con el pretexto de garantizar la seguridad ciudadana

Congresistas de partidos de oposición en Colombia mostraron su desacuerdo con la Ley de Seguridad, propuesta los ministerios de Justicia, Interior y Defensa, recién aprobada por el Senado, al considerarla anticonstitucional.

De acuerdo a los congresistas la norma no sólo es anticonstitucional por  criminaliza la protesta social, también  “confiere licencia para matar bajo el pretexto de garantizar la seguridad ciudadana”.

Según el ministro del Interior, Daniel Palacios, la normativa busca dar “mayores herramientas a los jueces para sancionar a los violentos que perturban su tranquilidad”.

Entre otras modificaciones, el proyecto propone mayores castigos para resolver el problema de la inseguridad. Por ejemplo, aumenta de 50 a 58 años y tres meses la pena por homicidio agravado, cometido contra un servidor o exservidor público, periodista, juez de paz, defensor de derechos humanos o miembro de una organización política o religiosa.

Sin embargo, a juicio de la senadora Aída Avella (Unión Patriótica), la norma es anticonstitucional y transgrede el principio de que Colombia es un Estado social de derecho.

Agregó que, redefine el concepto de proporcionalidad en aras de dar licencia para matar, con lo cual coloca la propiedad privada por encima de la vida humana.

Avella denunció que la norma modifica las leyes vigentes para que “la presunción de inocencia y la legítima defensa existan de antemano en cualquier circunstancia que involucre a un miembro de la fuerza pública”.

Al intervenir este martes ante el Pleno del Senado, la legisladora se opuso a lo que consideró “afrenta contra la movilización social, contra los jóvenes, contra los derechos humanos y contra la vida”. Además, cuestionó que tres ministros del Gobierno de Iván Duque presentaran un proyecto que viola la primera frase de  la Carta Magna.

Otro representante, Iván Cepeda (Polo Democrático), expresó que lo aprobado es “un compendio de disposiciones que legalizan prácticas criminales oficiales, paramilitares y de particulares… Es una licencia para matar, una nueva aberración de corte fascista del Gobierno”.

Durante esta jornada también trascendió que cerca de una veintena de congresistas enviaron una misiva a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que “constate el incumplimiento del Gobierno a sus recomendaciones sobre el respeto de la protesta social”.

También enviaron otra comunicación a los congresistas estadounidenses Patrick Leahy, Jim McGovern y Alexandria Ocasio-Cortez, para “que se tenga en cuenta esta ley a la hora de aprobar fondos para Colombia”.

En entrevista a medios locales, Cepeda anunció que interpondrá junto a otros congresistas una demanda ante la Corte Constitucional, pues consideran que esta ley de seguridad ciudadana crea condiciones para vulnerar los derechos humanos.

Según la norma, aquellos que dañen infraestructura destinada a la seguridad pública o el transporte, recibirían sanciones entre los cuatro y 12 años. En el caso de que porten máscaras o elementos para ocultar su rostro, se podría aumentar la cárcel con la mitad o dos terceras partes del castigo original.

T/TeleSur/LDRS

 

 

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