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Reforma educativa y de pensiones entre las propuestas populares que tratará la Constituyente chilena

A partir de enero de este año, la Convención Constitucional de Chile entró en la etapa en la que debe comenzar a discutir los temas que serán incluidos en la Carta Magna.

Con un plazo máximo que no puede pasar julio de este año -aunque hay algunos constituyentes que quieren pedir una prórroga- los encargados de redactar la nueva Constitución, recibieron casi 4000 mil propuestas constitucionales a través de la plataforma denominada “iniciativa popular de norma”.

Este mecanismo permite que una persona o un grupo pueda presentar a la Convención una propuesta que podría llegar a ser incorporada en la nueva Constitución. Pero para que sean analizadas, las propuestas deben venir acompañadas con el respaldo de al menos 15.000 firmas.

Según el último informe de la Convención, los ciudadanos chilenos presentaron 3876 iniciativas para la nueva Constitución que reemplazará la elaborada por el dictador Auguto Pinochet. De estas, solo 1.522 fueron admitidas por la Secretaría de Participación Popular, mientras que el resto fueron rechazadas, declaradas inadmisibles o no pertinentes.

Pero, al momento, solo nueve lograron superar las 15.000 firmas requeridas para entrar a la Convención Constituyente. Estos articulados tratan temas presentes en debate público para los chilenos, pero que también fueron llevados al Legislativo en los últimos años: la interrupción del embarazo, la educación, el cannabis, la libertad religiosa, la explotación minera y una reforma a las pensiones.

El siguiente paso será que pasen a una comisión donde será discutida y votada. Si alcanza la mayoría simple, la propuesta pasará al pleno, donde necesitará un respaldo de dos tercios de los 155 integrantes para aprobarse.

Además de recibir las iniciativas populares, los constituyentes electos enviarán sus propias normativas que se someterán a votación. Sobre esto, algunos bloques ya adelantaron propuestas sobre el combate a la corrupción política y la reforma del Poder Legislativo a un sistema unicameral.

Los ahorros previsionales

Una de las iniciativas más votadas, que duplicó las firmas necesarias y alcanzó los 35.968 apoyos, trata uno de los temas más discutidos en el último año en la política chilena y que fue protagonista en la campaña electoral.

La propuesta busca garantizar el derecho a la seguridad social, por lo que establece una pensión básica universal que cubra a todos los chilenos en edad de retiro. Según indica, el financiamiento provendrá de la recaudación tributaria general.

“Las personas tendrán siempre el derecho a elegir libremente la entidad administradora o gestora de sus fondos previsionales acumulados, sea ella privada, estatal o mixta. En ningún caso la ley podrá establecer el monopolio estatal de la administración o gestión de las cotizaciones previsionales ni de dichos fondos”, continúa el texto.

La propuesta fue presentada por un grupo de trabajadores convocados a través de las redes sociales. Durante la campaña electoral, los candidatos “proponían destinar nuestras cotizaciones a fondos solidarios o cuentas ficticias, metiéndonos, una vez más, la mano al bolsillo. Esto ya pasó en Argentina donde el gobierno se apoderó de los fondos de pensiones y hoy el sistema está desfinanciado. No queremos que nos pase lo mismo”, argumentó el grupo.

“Será Ley” y «Derecho a la vida»

El avance de la interrupción del embarazo en América Latina divide a los ciudadanos chilenos en un país mayoritariamente católico y dos propuestas con objetivos opuestos lograron entrar en la Constituyente.

La actual legislación chilena permite el aborto bajo tres causales: inviabilidad fetal, violación o riesgo de la vida de madre. Fuera de estos casos, la pena es de hasta cinco años de prisión.

Un colectivo feminista presentó una propuesta, con 15.000 firmas de respaldo, que busca garantizar la despenalización del embarazo por voluntad de la mujer. La iniciativa que denominaron “Será ley” también abarca temas como la salud reproductiva, derecho a la información y a la educación sexual integral, acceso a la salud mental en temas de género y los derechos laborales de las personas gestantes.

Por otra parte, miembros de la fundación católica “Chile Siempre” piden a la Convención que “el derecho a la vida tenga protección constitucional, y que esta protección sea desde el momento de la concepción”. La propuesta que busca prohibir el aborto en todas las causales alcanzó los 19.850 apoyos, unos cinco mil menos que la iniciativa “Será Ley”.

«Banco Central Autónomo»

“La inflación es uno de los temas económicos más dañinos para las personas. No controlarla supone un deterioro para la calidad de vida de los hogares, especialmente los más pobres”, comienza la iniciativa que busca la creación de un Banco Central Autónomo en Chile.

La iniciativa elaborada por tres ingenieros civiles logró alcanzar las 15 mil firmas en menos de 48 horas. Entre los cambios para “mejorar y modernizar” la Constitución, detallan que “se debe indicar que la política monetaria es de uso exclusivo del BC”.

Además, rechazan que la entidad financiera pueda realizar préstamos al Estado o financiar el gasto público mediante créditos directos o indirectos y reclaman que se garantice la autonomía del consejo directivo “sin dependencia y alejada de toda presión político-electoral”.

«Derecho a la educación»

Durante la dictadura militar chilena, Pinochet introdujo la «municipalización de la enseñanza», una reforma para descentralizar el sistema de educación. A 30 años de su implementación, el sistema que acusan de generar segregación y de impulsar la educación privada continúa vigente aunque con cambios en el último gobierno de Michel Bachelet.

La educación es un tema presente en la agenda de los chilenos y dos propuestas que buscan abordar este tema lograron destacarse entre miles por la cantidad de apoyos recibidos. Ambas iniciativas suman más de 36 mil firmas, y buscan objetivos similares: “la libertad de enseñanza” y el “deber preferente de los padres”.

«La libertad religiosa y de conciencia»

En octubre de 2021, representantes de diversas religiones de Chile llegaron ante la Sala Convención Constitucional. A partir de este encuentro, nació la propuesta que, a través de tres artículos, busca garantizar “libertad de conciencia y religión”.

Además, el texto establece que los creyentes “podrán erigir templos, dependencias y lugares para el culto, los cuales estarán exentos de toda clase de contribuciones”, así como tendrán derecho a que sus hijos reciban la educación religiosa “de acuerdo con sus propias convicciones”.

Según argumentan, el texto fue firmado por un amplio espectro de representantes religiones entre los que menciona: la Iglesia Católica, grupos evangélicos, la Comunidad Musulmana, la Comunidad Judía de Chile, la Corporación mapuche ENAMA y el Consejo político Pueblos originarios.

Nacionalización de las empresas de la Gran Minería

Las últimas semanas, la explotación del litio se robó el protagonismo en la política chilena tras una polémica licitación del gobierno de Sebastián Piñera por 400.000 toneladas del metal.

La propuesta del presidente saliente fue criticada por buscar privatizar este tipo de minería, a dos meses de que el actual mandatario entregue la Presidencia.

En medio de este panorama que enfrentó a varios sectores chilenos, una iniciativa constitucional que busca nacionalizar el litio, cobre y oro, alcanzó los 15.000 apoyos y promete generar divisiones entre los constituyentes.

El articulado establece que solo podrán ser adjudicadas a empresas producciones de hasta 36.000 toneladas al año y que las licencias no tendrán una duración superior a 20 años. Además, deberán realizarse «en estricto cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas» y cuidando los recursos naturales.

En cuanto a las empresas que ya operan en Chile, la propuesta llama a la expropiación «por causa de utilidad pública o de interés nacional» y establece que las mineras privadas «podrán reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios y tendrán siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial».

T/ Página12/ LRDS

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