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Revelados: cuando Guatemala ya no se queda callada

Durante el siglo 20, Guatemala fue un país de masacres. Gobiernos militares y no tanto, aplicaban la misma receta a cada levantamiento popular, masacres, ajusticiamientos, torturas, desapariciones. Por allí por 1954 un presidente llamado Jacobo Arbenz quiso cambiar el modelo, hacer un país más humano y eso bastó para que Estados Unidos participara directamente en el festín de sangre y bombardeara a esta nación centroamericana y derrocaran a Arbenz.

Ante el avasallamiento por las armas, en el país de los mayas surgió un movimiento guerrillero, la Unión Nacional Revolucionaria Guatemalteca (URNG), que enfrentaba la sanguinaria represión y agrupaba a las principales organizaciones de izquierda. En 1996 se firman unos acuerdos de paz que nunca fueron respetadas por los gobiernos de turno.

La peor parte se la llevaban casi siempre los pueblos indígenas, los pueblos campesinos. Allí la política de tierra arrasada por parte de las Fuerzas Armadas gozaba de total impunidad. En diciembre de 1982 las fuerzas élites militares entraron al pueblo rural de Dos Erres y ajusticiaron a más de 200 personas entre ellas mujeres y niños. Odio y racismo, la conducta con la que la oligarquía guatemalteca trata al pueblo.

En marzo de ese mismo 1982, habían desparecido a más de 30 personas en otro poblado de origen maya. Eran comunidades que ni siquiera hablaban castellano sino sus lenguas originarias, a quienes los servidores de la oligarquía “visitaban” para sembrar el terror, para buscar propaganda comunista. Al final sino encontraban nada, igual desataban su furia.

Muchos de los asesinos y represores fueron acogidos como si nada en los Estados Unidos. La fuerza de una dirigente indígena, Rigoberta Menchú a favor de la paz y los derechos humanos apenas pudo perturbarlos y entregaron a algunos de los responsables de las matanzas.

Se trata de una descripción muy rápida de lo que ocurría en el siglo 20 en una de las naciones pobres de la América Latina, con mayores niveles de desigualdad, exclusión, analfabetismo y también de represión.

¿Se vino la paz?

Tras los acuerdos de paz del año 1996, los gobiernos guatemaltecos se ocuparon por tratar de aparentar una nueva etapa y bajaron el perfil de las Fuerzas Armadas y otros instrumentos de represión. Hicieron creer que había llegado el momento de que a través de los votos, las grandes mayorías del país.

Hubo algunos breves avances sociales durante el  gobierno de Álvaro Colom, entre el 2008 y el 2012, con algunas tímidas medidas socialdemócratas. Pero hasta allí. Cada uno de los otras gestiones han continuado las políticas de exclusión y expoliación de las riquezas, de sumisión a la política exterior estadounidense y de una profunda corrupción. Es el despojo continuado, solo que ahora disimulan los cañones de la dominación.

Con la elección del empresario Alejandro Giammattei que en su tercer intento logró convertirse en presidente en comicios con una abstención del 61%, si leyeron bien, apenas votó el 39 por ciento de los guatemaltecos y entre este grupo, Giammattei obtuvo el 52 por ciento de los sufragios en una segunda vuelta.

El mandatario fue funcionario en otras áreas, como jefe de sistema penitenciario entre 2005 y 2007,  fue acusado de estar detrás de una masacre como 7 privados de libertad, en una operación que fue calificada por los denunciantes como de limpieza social.

Gianmmattei es además un férreo opositor  de la de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que fue expulsada del país por su antecesor Jimmy Morales, ante la posibilidad de que dicha instancia revelara los vínculos de las élites políticas con la corrupción y la represión.

Con el nuevo gobierno se inició una etapa de recrudecimiento de las políticas neoliberales y de “mano dura”, escudado en el presunto combate contra la delincuencia  el narcotráfico. No han sido pocos tampoco los incidentes de represión contra las llamadas caravanas de migrantes centroamericanos que han cruzado a territorio guatemalteco.

Con este señor, se inició el objetivo de reducir la ya escasa inversión social en un país donde el 60% de la población vive en la pobreza. El extremo ha sido presentar un presupuesto que contemplaba hasta la supresión de fondos para atender la situación de familias en pobreza extrema y a la población en riesgo de desnutrición. Recortes a las inversiones en salud y educación. La oligarquía iba por todo, por comerse todo el pastel.

Contra ese presupuesto, que exacerbaba las desigualdades se levantó el pueblo guatemalteco desde la pasada semana.

Los sucesos del fin de semana

El pasado sábado miles de personas salieron a las calles de Ciudad de Guatemala a solicitar la anulación de la ley de presupuesto aprobada en el Congreso y a exigir la renuncia de Giammattei. En horas previas el vicepresidente de Guatemala, Guillermo Castillo había solicitado al Jefe de estado, la dimisión conjunta a sus cargos.

“Ante distintas decisiones de Gobierno que afectan intereses de la población, solicité al Presidente Giammattei presentar nuestra renuncia irrevocable y que una instancia de personas notables proponga al Congreso las ternas respectivas. Insostenible continuar en estas condiciones”, expresó Castillo en su cuenta de twitter, el día 20 de noviembre.

El vicemandatario agregó: “solicité al Presidente en nuestra conversación: 1. Desintegrar Centro de Gobierno y otras instancias. 2. VETAR el Presupuesto 2021. 3. Evaluar la destitución de cuestionados funcionarios de Gobierno. 4. Tener mayor acercamiento a sectores del país para escuchar sus propuestas”.

En ese contexto se inicia una crisis política y social que todo indica se prolongará, ante un pueblo que dice basta. Los presupuestos habían sido aprobados el 18 de noviembre y el descontento se filtraba, al punto que algunos medios de comunicación, generalmente cartelizados a favor de las élites, daban cuenta que una difícil situación en vísperas.

El presupuesto 2021 contenía además de la reducción del gasto social la previsión de nuevos endeudamientos externos, que según diversos analistas comprometían el futuro de un país, de por si endeudado de forma exagerada.

Con las protestas llegó también el rumiar de los cañones de la represión y las detenciones masivas. El centro histórico de Guatemala fue el escenario de los servidores policiales contra el pueblo.

Durante la jornada la exacerbación de los ánimos originó que un grupo de manifestantes tomaran las inmediaciones del Congreso e intentaran prender fuego a sus instalaciones. La facilidad con que llegó ese pequeño grupo de personas a la sede del legislativo, contrastó con los anteriores días de férreas medidas de seguridad, cuando cordones policiales impedían acercarse al perímetro. Un incidente dudoso.

Luego de eso otro grupo de manifestantes, donde se notaban estudiantes de las organizaciones gremiales, logró ingresó al Parlamento. En las afueras la multitud entonaba el himno. En eso llegaron los policías antimotines y encendieron la represión indiscriminada.

La marcha atrás de las élites

Luego de las protestas nacionales, en la madrugada del pasado lunes 23 de noviembre, la junta directiva del Congreso de Guatemala anunció que había suspendido el trámite del decreto de presupuesto que habían aprobado días antes.

Dijo que habían actuado para garantizar la “gobernabilidad del país y la paz social”. Por tanto no enviarían el presupuesto al Ejecutivo para su promulgación. No obstante, aún no estaba completamente eliminado dicho presupuesto.

Allan Rodríguez el presidente del parlamento insistió no obstante, que las manifestaciones formaban parte conspiración contra el gobierno y no una genuina expresión del descontento. Dijo que la protesta fue una estrategia planificada con el objetivo claro de “romper el orden constitucional y lograr acceder al poder como parte de la estrategia desestabilizadora de la cual siguieron el guion usado en otros países”.

A comienzos de semana también ocurrieron masivas movilizaciones de los pueblos indígenas que exigieron la renuncia de Giammattei y también la de los congresistas. Advirtieron que si eran ignorado eran capaces de incrementar su presión y convocatoria.

“Venimos sin armas y con el estómago vacío”, señalaban los pueblos originarios, mayoritarios en la población guatemalteca.

Otras de las demandas de los manifestantes es «que las alcaldías municipales respeten y respalden las demandas de los pueblos» y la renuncia de todo el Congreso, lo cual trasmitieron a la clase política a través de un encuentro en la calle por unos minutos con los diputados de la agrupación política Semilla.

Este jueves, el Congreso finalmente dio su brazo a torcer y en medio de una trifulca interna, los parlamentarios anularon definitivamente la ley de presupuesto. La votación fue de 121 a favor y 24 en contra. Además dejaron sin efecto la aprobación de dos préstamos por 600 millones de dólares, previsto por el Ejecutivo.

Este relato no está finalizado, el descontento del pueblo guatemalteco tiene todas las probabilidades de crecer, ante un gobierno fundamentalista neoliberal y un Congreso ajeno a los intereses de las grandes mayorías. Sobre esto conoceremos mucho más en lo que queda de año y durante el primer trimestre de 2021.

t/ Chevige González Marcó/ LRDS

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