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El Rey de España usó patrimonio público para pagar lujos a sus amantes y los gastos de sus palacios, yates y viajes

El diario digital español Público, difundió este viernes la segunda parte de una investigación que urga en el dispendio de fondos del rey emérito de España, Juan Carlos I y su burla a todas las leyes fiscales del Estado Español.

Una de las situaciones que aborda la investigación de Público es el misterio sobre el origen y el motivo del «regalo puro» por valor de 65 millones de euros que recibió Juan Carlos I en Suiza, el 8 de agosto de 2008, sólo cinco meses después de que su intervención ante el Tribunal Constitucional lograse librar de prisión, a costa de un grave enfrentamiento interno en el Poder Judicial, a Los Albertos (Alcocer y Cortina) que administraban su fortuna.

Esa transferencia llegó a la cuenta 505.523 que acababa de abrir (el día anterior) el propio Juan Carlos I en la banca Mirabaud de Ginebra, como titular y en nombre de la «cocontratante Fundación Lucum de Panamá», dando como residencia «Palacio de la Zarzuela – Madrid». Según el extracto bancario de esa cuenta correspondiente a agosto y septiembre de ese año, que publicó la Tribune de Genève, el ordenante fue el «Ministerio de Finanzas de Riad», y el concepto «donación del rey de Arabia Saudí» por 100 millones de dólares (64.884.405,58€).

Lo que no está aclarado, y actualmente investiga el fiscal federal suizo Yves Bertossa, es la verdadera razón de que el Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas regalase al rey de España esa cantidad astronómica (unos 10.800 millones de las antiguas pesetas). Un «obsequio» cuya recepción había anunciado meses antes Juan Carlos I a sus dos brókers suizos, Arturo Fasana y Dante Canonica, quienes constituyeron (como presidente y secretario) la Fundación Lucum en Panamá, el 31 de julio de 2008, precisamente para percibir tan enorme cuantía de dinero.

Para explicarlo, aseguran a Público fuentes de toda solvencia que tenían estrechas relaciones con el monarca en aquellos años, hay que remontarse a septiembre de 2004, cuando el presidente José Luis Rodríguez Zapatero presentó ante la ONU su proyecto de la  «Alianza de Civilizaciones», como respuesta no militar al terrorismo islamista del 11-S y 11-M. Su gran aliado en esa iniciativa, duramente criticada por la derecha española, fue el entonces primer ministro de Turquía, Recep Tayip Erdogan, y dos años después EEUU se sumaba al respaldo obtenido de la Liga Árabe y de una veintena de países europeos, latinoamericanos, asiáticos y africanos.

En abril de 2007, el secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, nombró al expresidente portugués Jorge Sampaio como Alto Representante de la Organización para la Alianza de Civilizaciones y dio el espaldarazo definitivo a ese foro mundial. Algo que no gustó nada a la dinastía Al Saud, gran rival de Turquía desde el Imperio Otomano y que padecía oprobio internacional por su financiación de Al Qaeda y los talibanes.

Juan Carlos I cobró otra vez

Así que el rey Abdalá bin Abdelaziz al Saud pidió a su «hermano» Juan Carlos I (a quien tanto había apoyado Riad financieramente desde que empezó a fraguar su fortuna con la venta de armas a países árabes) que le ayudara a blanquear su régimen teocrático y a contrarrestar la influencia turca en el panorama internacional. La respuesta del hoy emérito fue inmediata: invitó al monarca saudí a visitar España a finales de junio y le concedió el Collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro, la mayor distinción que el soberano español puede conceder a título personal, sin consultar al Gobierno, y la de más prestigio en todo el mundo.

Un hecho sin precedentes porque condecoró al rey de Arabia Saudí, cabeza del wahabismo salafista más integrista e impulsor del régimen talibán, con una sagrada orden de caballería cristiana cuyos principios originales eran la lucha contra el Imperio Otomano y «la liberación de los Santos Lugares».

En enero de 2008 se celebró en Madrid el primer Foro de la Alianza de Civilizaciones, presidido por Zapatero y Erdogan, con la presencia de más de 400 personalidades entre jefes de Estado y de Gobierno, cancilleres, dirigentes religiosos, políticos, empresarios y académicos. Unos actos cuyo coste fue muy criticado por los medios españoles de derechas, pero que dieron paso, a finales de 2009, a la resolución de la Asamblea General A64/L14, aprobada por consenso y copatrocinada por 96 países, que formalizó el apoyo de la ONU a la iniciativa española.

Donaciones y regalos por los que el rey nunca tributó

Las fuentes consultadas por este diario subrayan que «el puro regalo de cien millones de dólares del rey saudita Abdalá llegó a la flamante cuenta de Juan Carlos I en Suiza exactamente tres semanas después de que terminara el inútil Diálogo Interreligioso en El Pardo, que no tuvo continuidad internacional ninguna, ni siquiera repercusión mediática en España. Esa coincidencia de una donación de semejante calibre por parte del monarca que acaba de ser beneficiado por los únicos fastos y condecoraciones que puede conceder personalmente el jefe del Estado español, sin depender de las decisiones del Gobierno, es más que sospechosa».

En la donación a Corinna se agregó la fecha a mano

Aquel revuelo sobre La Angorrilla desenmascaró definitivamente a Corinna Larsen no sólo como amante del monarca sino también, y sobre todo, como conseguidora en negocios estratégicos para empresas españolas. Desde el intento de compra de acciones de Repsol por las gigantes rusas Lukoil y Gazprom, o la compra por Abu Dhabi de Gemasolar en Fuentes de Andalucía (Sevilla), hasta las negociaciones para la adjudicación del AVE La Meca-Medina (donde la mediadora fue Shahpari Azam Zanganeh, tercera esposa del traficante de armas Adnán Khashoggi), cuya comisión es la que ahora alega Corinna, la amante por décadas del rey de España, que corresponde a los cien millones de dólares recibidos en la cuenta de la Fundación Lucum en Mirabaud Ginebra y procedentes del Ministerio de Finanzas saudí.

No obstante, como ya explicamos anteriormente, esa versión es inverosímil «pues es muy raro, casi imposible, que se cobre tres años antes de la adjudicación del proyecto del AVE a La Meca [que no concedió Riad hasta octubre de 2011] y que no lo pague el contratista sino el órgano adjudicador, que ya abonará el astronómico importe total del proyecto», como explicó a Público una fuente que conoció en el pasado el manejo de comisiones por parte de Juan Carlos I y de los administradores de sus fondos.

Supuestamente, el hoy emérito hizo en 2012 una «onación irrevocable» a Corinna Larsen por los 65 millones de euros que recibió en 2008, mediante una transferencia desde la banca Mirabaud hasta una cuenta que ella abrió para ese propósito en Gonet Bahamas, a nombre de Solare, otra sociedad instrumental creada con la ayuda de Canonica, que gestionó la operación en la central de la vetusta banca Gonet en Ginebra con el propio Nicolas Gonet (director y socio propietario de la entidad), según su declaración judicial. Después, Corinna reenvió la mitad de esa cantidad a su recién constituido Chycknell Trust en Inglaterra y a una cuenta en Nueva York, pero nada se sabe de la otra mitad. ¿Sigue en Gonet Bahamas?

Además, otro misterio envuelve ese trasiego de capitales: el documento de «donación irrevocable» de Juan Carlos I a Corinna Larsen tiene la fecha escrita a mano, a diferencia del resto del redactado en ordenador, con lo que da la impresión de haber sido preparado sin fecha, en previsión de presentarlo a las autoridades judiciales con la más conveniente para su defensa si se abría una investigación. Es decir, el rey habría preparado una excusa para trasladar el dinero a otro paraíso fiscal en vista de que Suiza negociaba en aquel momento adherirse a las normas de intercambio automático de información de la OCDE.

Lo que costaron a Patrimonio los yates ‘Fortuna’ del rey

Aquel 2013 del escándalo de La Angorrilla llovía sobre mojado porque el año anterior había salido a la luz el papel de Corinna Larsen en la desastrosa cacería de elefantes en Botsuana donde el rey se rompió la cadera. Así que (tras el famoso «Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir») tocaba también renunciar al tercer yate Fortuna de Juan Carlos I, que fue devuelto a los empresarios de Baleares que se lo regalaron en 2000 y alegaron trece años después que su donación a Patrimonio Nacional era «modal y finalista para el uso y disfrute de su Majestad el Rey y de los miembros de la Familia Real», y no una verdadera donación al Estado.

De esta forma quedaba claro que los carísimos regalos (ese yate había costado 3.000 millones de pesetas, unos 18 millones de euros) de los que disfrutaba el monarca eran exclusivamente suyos y no tenían razón ninguna para estar exentos de impuestos. Igual que quedó de manifiesto el mal uso, para su mantenimiento, de los recursos de Patrimonio Nacional, que tuvo que desembolsar además íntegramente los 1.253.441 euros del pago de las indemnizaciones a los diez trabajadores de la tripulación, cuyos elevados salarios habían salido del bolsillo de los contribuyentes durante más de una década.

El enorme tamaño (41 metros de eslora) y gran lujo de ese yate real Fortuna (considerado uno de los más rápidos del mundo, con una velocidad máxima de 70 nudos, ó 130 km/h, gracias a sus potentes motores Rolls Royce) queda patente en la siguiente imagen de un detalle de su salón principal, tal como se muestra en el catálogo de la empresa Royal Yacht Brokers, que lo tiene en venta (con el nuevo nombre de Forners) por sólo 3,9 millones de euros:

El salón principal del último yate 'Fortuna' del rey Juan Carlos, cuyo mantenimiento y tripulación pagó Patrimonio Nacional durante más de una década.
El salón principal del último yate ‘Fortuna’ del rey Juan Carlos, cuyo mantenimiento y tripulación pagó Patrimonio Nacional durante más de una década. RYB

Pero Juan Carlos I ya había tenido que renunciar, veinte años antes, a otro mega-yate que pidió que le construyeran en su desmedida ambición por superar en ostentación a los mayores magnates del mundo: en 1988, Patrimonio Nacional encargó a Mecanizaciones y Fabricaciones S. A. (Mefasa), que ya hacía el mantenimiento del segundo Fortuna en sus astilleros de San Juan de Nieva (Castrillón), una nueva embarcación: el Corona del Mar, para sustituir a la que le había regalado el rey Fahd de Arabia Saudita en 1979 y el rey hizo reformar dos veces para añadir tres metros de eslora a popa, cambiar sus motores y agregar camarotes.

Las reformas de aquel segundo Fortuna también habían sido abonadas por Patrimonio Nacional, al que Juan Carlos I había donado ese regalo de sus «hermanos» saudíes para no pagar ni impuestos, ni reparaciones, mantenimiento o tripulación. Pero un cortocircuito en alta mar, en 1988, dejó inmovilizado el navío cuando navegaba con el príncipe Carlos de Inglaterra y se sintió avergonzado. Por tanto, hizo que Patrimonio encargara a Mefasa (propiedad de Mario Conde a través de AZSA y dirigida por su gran amigo Francisco Javier Sitges) un nuevo yate, de unos 27 metros de eslora y 7 de manga, con dos motores de 9.000 CV cada uno fabricados en aluminio. Y en mayo de 1991 se anunció que los reyes lo estrenarían en verano.

Pero en aquel momento el jefe de la Casa del Rey era el teniente general Sabino Fernández Campo, veterano de la Guerra Civil con la Falange y secretario de seis ministros del Ejército durante la dictadura, al que le pareció un alarde excesivo en plena crisis económica y se opuso férreamente a ese nuevo signo de ostentación, bloqueando la operación. La compra del yate se iba a presentar como un regalo de Mario Conde, pero al final tuvo que ser una vez más Patrimonio Nacional el que corriera con las pérdidas, pues costó 1.200 millones de pesetas y tuvo que ser vendido a la empresaria viguesa María Dávila, viuda del fundador de Pescanova, por sólo 900 millones… y a plazos.

El abuso de Patrimonio también camufló su fortuna

Ese largo affaire del Fortuna y Sabino fue paradigmático de cómo se utilizó reiteradamente a Patrimonio Nacional para enjuagar los extraordinarios gastos suntuosos requeridos por Juan Carlos I, sin que trascendiesen las irregularidades hasta que en 2016 el Tribunal de Cuentas presentó su primer informe sobre la gestión de esa institución (el primero en 40 años de democracia), centrado en el ejercicio 2013.

La información que hizo El País sobre el contenido del informe fue demoledora: vocales del Consejo de Administración que cobraban elevadas dietas por reuniones a las que no asistían; troceo de contratos menores para adjudicarlos año tras año a las mismas empresas violando la Ley de Contratación; trucos para que los bienes del Estado fueran disfrutados permanentemente por las mismas personas; alquileres de edificios y solares públicos por cantidades ridículas (como tres euros al mes); cesiones gratuitas de bienes públicos a terceros… y mucho más. El descontrol y aprovechamiento ilegítimo que el rey instauró en Patrimonio Nacional se había extendido en todos los escalafones de la institución.

Por eso resultó tan falsa la versión que dio la Casa del Rey en respuesta a la información que publicó The New York Times en 2012 estimando la fortuna de Juan Carlos I en unos 2.300 millones de dólares (1.825 millones de euros en esa fecha): supuestamente, el prestigioso diario estadounidense se había confundido al considerar como propiedad del monarca bienes que en realidad pertenecían a Patrimonio Nacional.

Un desmentido idéntico al que se había empleado diez años antes cuando en 2002 la revista británica Eurobusiness estimó que Juan Carlos I tenía una fortuna de 1.681 millones de euros (545 millones de capital personal y 1.136 millones en bienes familiares) y el embajador español en Londres, Santiago de Mora-Figueroa, marqués de Tamarón, respondió por carta: «La disparatada cifra de 1.700 millones de euros sólo se puede explicar por haber entendido ustedes, erróneamente, que los bienes públicos propiedad del Patrimonio Nacional, del Estado español, son propiedad privada de Su Majestad el Rey, lo cual es evidentemente inexacto».

«En realidad, es notable la gran diferencia de percepción de la moral pública que muestra Juan Carlos I antes y después del conflicto con Sabino, en 1993, y del reemplazo al año siguiente de Manolo Prado [y Colón de Carvajal], como administrador de su fortuna, por Alberto Alcocer», subraya a Público la fuente antes citada. «Antes, la discreción sobre los negocios y devaneos del rey era sagrada, pero desde que Los Albertos (condenados dos veces por estafa) toman el relevo como gestores de sus cuentas se pone en marcha un mecanismo descarado de comisiones y sociedades pantalla a gran escala. Le presentan a los brókers suizos de la cuenta Soleado y las falsas fundaciones Lucum y Zagatka. Incluso a la propia Corinna, que Cortina presentó a Juan Carlos durante una cacería en 2004 en la inmensa finca del Duque de Westminster [La Garganta, entre Ciudad Real y Córdoba]».

«Los Albertos trataron de separar sus negocios en 2012 por miedo a las estrictas regulaciones de la nueva legislación suiza, y para que no les alcanzaran las investigaciones del fiscal Bertossa sobre los manejos de Blanco Balín, Canonica, Fasana y, sobre todo, la realidad de la cuenta Soleado…», continúa dicha fuente. «Tanto se han querido apartar de lo que ahora está saliendo a la luz, que incluso hicieron que El Mundo citase específicamente que algunos antiguos amigos del emérito no habían querido poner dinero para la liquidación de cuatro millones ante la Agencia Tributaria, y que el único nombre que pusiera como ejemplo de los que no lo habían puesto fuera el de Alberto Cortina. Como para pasar desapercibido. Pero ya se sabe que excusatio non petita, acusatio manifesta«.

T/ Público.es/ LRDS

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