El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, convocó nuevamente a la fiscal general, Consuelo Porras, para asistir el lunes próximo a una junta obligatoria, luego de que la jefa del Ministerio Público rechazara asistir este miércoles a la reunión a la que el mandatario la había convocado para que rindiera un informe de su labor.
“Esta invitación se realiza de conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, Decreto 40-94 del Congreso de la República, el cual literalmente establece: ‘Coordinación. EI Presidente de la República podrá invitar al Fiscal General para que participe en cualquier Junta del Gabinete o de los Ministros de Estado. En ese supuesto el Fiscal General estará obligado a concurrir a la Junta, con voz pero sin voto’”, señala el oficio firmado por Arévalo dirigido a Porras.
El 18 de enero, cuatro días después de asumir como presidente, Arévalo le envió un oficio a la fiscal general para citarla a una reunión, en base al artículo 134 de la Constitución, el cual establece la coordinación de las labores del Gobierno. Sin embargo Porras evitó acudir a la citación y en su lugar publicó el video en el que descartó renunciar al cargo y acudir a la cita.
«Quiero enviar un mensaje claro y contundente al pueblo de Guatemala y al presidente de la República para hacerle saber de forma categórica que soy respetuosa de las leyes del país y, en consecuencia, cumpliré con el mandato constitucional de cuatro años para el cual fui reelecta y, en consecuencia, no voy a renunciar», dijo la fiscal en un video publicado en redes sociales.
La reunión prevista para el miércoles sería con carácter privado y la agenda era sobre cuatro temáticas consideradas trascendentales: el avance de procesos penales vinculados a decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los criterios de persecución penal en casos de libertad de expresión y prensa, la investigación sobre la compra de vacunas de la Covid-19 y el protocolo de actuación ante medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Porras señaló que «atender citaciones, invitaciones o reuniones para discutir procesos bajo investigación del Ministerio Público constituiría inobservar la normativa constitucional y legal vigente ya que todos los funcionarios somos depositarios de la autoridad, responsables por nuestra conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella».
Añadió que a través de las redes sociales del Ministerio Público se compartiría información sobre los puntos que el presidente planteó, «en atención al espíritu de la rendición de cuentas hacia la ciudadanía».
Arévalo insistió que en la reunión no se requeriría el acceso a actuaciones procesales de expedientes bajo investigación, sino que se abordaría “la postura institucional sobre lo solicitado” con efectos de coordinación.
Porras, quien impulsó una ofensiva judicial que puso en jaque la investidura del presidente Bernardo Arévalo, afirmó también que el Ministerio Público «no está supeditado a ningún poder del Estado por ser una institución autónoma e independiente».
Consuelo Porras fue nombrada en 2018 fiscal general para un periodo de cuatro años por el entonces presidente Jimmy Morales y en 2022 su sucesor Alejandro Giammattei la designó para un segundo periodo, que vence en 2026.
La Fiscalía emprendió una persecución judicial contra Arévalo después de que éste dio la sorpresa al colarse al balotaje en los comicios de junio.
También logró que un juez suspendiera al partido de Arévalo, Semilla, por supuestas ilegalidades en su conformación en 2017.
Todas esas acciones fueron calificadas por Bernardo Arévalo como un intento de «golpe de Estado» para evitar que asumiera la presidencia.
En respuesta, Porras exhortó al mandatario a dejar «su discurso anticorrupción y lo convierta en una realidad en favor de la ciudadanía guatemalteca».
T: Prensa Latina/Agencias/LRDS
