La Contraloría General de Cuentas (CGC) de Guatemala presentó una denuncia en el Ministerio Público (MP) contra los miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE) al detectar ciertas irregularidades en la compra del sistema informático de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
Según la Contraloría, la denuncia se deriva de un proceso de auditoría que arrojó la necesidad de investigar a fondo el proceso de búsqueda, compra y adquisición de los equipos informáticos destinados a la TREP, sobre todo a partir del costo general del proceso que ascendió a 148 millones de quetzales (19.240.000 dólares estadounidenses).
Según la CGC, la denuncia contra el Tribunal Supremo Electoral no busca afectar los resultados de las elecciones generales que resultó electo Bernardo Arévalo, y solo se centra en la compra del sistema.
“Este resultado se deriva de hallazgos de la mala calidad del gasto público sobre los bienes adquiridos y servicios contratados, derivado de una planificación deficiente. La CGC no tiene competencia para conocer o fiscalizar el resultado del proceso electoral 2023, ya que es únicamente competencia del Tribunal Supremo Electoral”, aseguró.
Esta proceso se suma a la denuncia del MP contra los magistrados del Tribunal Electoral, Irma Palencia, Ranulfo Rojas, Gabriel Aguilera, Blanca Alfaro, Mynor Franco y los suplentes Álvaro Ricardo Cordón, Marco Antonio Cornejo y Marlon Josué Barahona, por fraude, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad en la contratación del programa informático.
El sistema informático se compró a raíz del antejuicio presentado por la Fiscalía de Delitos Administrativos contra los magistrados del TSE por supuestas irregularidades en la adquisición de dicho sistema, proceso respaldado el pasado 7 de noviembre por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Esto provocó que los expedientes se trasladen al Congreso de Guatemala poniéndolos en escrutinio por los diputados quienes tendrían a su cargo la decisión final de mantener o retirar la inmunidad a los magistrados acusados. Actualmente, el expediente se encuentra en manos de una Comisión Pesquisidora.
T: Telesur/LRDS
