El SurPrincipal

Tribunal peruano anuló uno de los procesos contra el presidente Castillo

Acosado por la oposición parlamentaria de derecha que maniobra para destituirlo, el presidente Pedro Castillo obtuvo un triunfo judicial contra sus acusadores. El Tribunal Constitucional (TC) decidió anular el proceso por traición a la patria que el Congreso avanzaba contra el mandatario. Por este caso la derecha parlamentaria pretendía sacar a Castillo de la presidencia, algo que busca desde que el maestro rural asumió el gobierno en julio de 2021.

El más alto tribunal judicial del país determinó que la acusación de traición contra el presidente no tenía sustento, por lo que el juicio político en el Congreso por este caso queda sin efecto. El TC se pronunció en respuesta a un recurso de habeas corpus presentado por Castillo contra esa acusación. El fallo del TC ha sido un duro golpe para el bloque opositor de la derecha, en el cual predomina una ultraderecha golpista que promovió esta acusación.

Un absurdo contra Castillo

La acusación de traición a la patria contra el jefe de Estado con la que se buscaba derribarlo de la presidencia no se basa en alguna acción o compromiso del gobierno, sino en una declaración periodística del presidente. En una entrevista con la cadena CNN en enero pasado, Castillo confirmó que en un evento magisterial en La Paz en 2018, cuando era dirigente sindical del gremio de maestros y estaba muy lejos de pensar en ser candidato presidencial, se había expresado a favor de la aspiración boliviana por una salida al mar, ratificó su simpatía con esa demanda y habló de la posibilidad de un referéndum sobre un posible acceso de Bolivia al Pacífico por la costa sur del Perú.

El asunto quedó en esas declaraciones, que no generaron ninguna medida gubernamental. El gobierno aclaró rápidamente que esa afirmación del presidente no implicaba una posible cesión de soberanía, sino que se refería a profundizar acuerdos con Bolivia que le dan facilidades de acceso al mar por territorio peruano, acuerdos que se iniciaron hace tres décadas. Pero una derecha desesperada en encontrar una excusa para destituir a Castillo decidió forzar las cosas hasta lo absurdo y acusarlo por traición a la patria por esa declaración. Una acusación insostenible que se ha caído con la sentencia del TC.

“No hay suficiente motivación (de pruebas) en la denuncia. Estamos ante una declaración. No se constatan elementos que hagan pensar en un delito. No hay una conducta delictiva (de Castillo)”, señaló el jurista Manuel Monteagudo, integrante del TC.

Los seis magistrados del TC que adoptaron por unanimidad la decisión judicial a favor de Castillo fueron nombrados hace unos meses por la mayoría parlamentaria de derecha y no pueden ser señalados de tener simpatías con Castillo ni motivaciones políticas contrarias a la derecha que los designó. Esto le ha dado más peso a su sentencia. Este fallo del TC ha dejado en evidencia la actitud de un sector del Congreso de recurrir a cualquier recurso para destituir al presidente, incluso inventarle un delito de traición con argumentos insólitos.

A pesar de la notoria falta de argumentos de esta denuncia, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso la aprobó por once votos contra diez, con lo que el caso pasó a la Comisión Permanente como segunda instancia parlamentaria, donde estaba por verse cuando el fallo del TC se tumbó la acusación.

Un Congreso rechazado

Castillo ha logrado una victoria y toma aire, la derecha parlamentaria sale golpeada y queda muy mal parada, pero la guerra entre ambos no se ha resuelto. Con una oposición parlamentaria autoritaria, torpe, prepotente, ultraconservadora, con una agenda que tiene como objetivo excluyente la destitución de Castillo y con antiguos y estrechos vínculos con la corrupción y oscuros intereses económicos, y con un Ejecutivo que ha dado reiteradas muestras de incompetencia, que más allá del discurso en las políticas de gobierno ha dejado de lado las propuestas de cambio con las que Castillo ganó las elecciones y que enfrenta escándalos de corrupción, esta es una guerra entre dos poderes desacreditados.

En ese desprestigio compartido, el rechazo al Congreso controlado por la derecha es mayor. Según una reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, la muy baja aprobación del Congreso cayó el último mes de 15 a 13 por ciento, mientras el rechazo a los legisladores subió de 78 a 81 por ciento. A Castillo le va mejor, pero no se puede decir que bien. A pesar de la avalancha de acusaciones en su contra, su aceptación subió ligeramente el último mes, de 25 a 28 por ciento, y su desaprobación descendió de 65 a 62 por ciento. Ninguno ha sido capaz de movilizar un respaldo importante en las calles. 

T/ Página12/ LRDS

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba