Hasta el mes de agosto, un día después que el medio argentino Página/12 publicara que había estado infiltrada en Madres de Plaza de Mayo durante la dictadura, la denominada agente Isabelita renunció al último cargo que tenía en la esfera de la Policía Federal Argentina (PFA).
Pese a haber pedido la baja al Cuerpo de Informaciones en 2004, había estado todos estos años formando a los nuevos cuadros de la fuerza tanto en la Escuela Federal de Inteligencia (EFI) como en el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina (IUPFA).
La persistencia en las estructuras de las fuerzas de quienes actuaron en la dictadura muestra los desafíos que aún tiene la democracia argentina –que el año próximo cumplirá 40 años.
Días atrás, en los tribunales recibieron el legajo de Isabel Correa como docente en la PFA. La carpeta muestra que la Isabelita empezó a desempeñarse como profesora en 1995, cuando aún reportaba en el Departamento de Protección del Orden Constitucional, conocido como el POC.
El POC se creó hacia finales de 1983 y tuvo como primer jefe a Pedro Santiago Godoy, condenado como torturador en los centros clandestinos conocidos como Atlético-Banco-Olimpo (ABO).
En los primeros años de la democracia argentina tenían a su cargo la seguridad de los jueces que, entre otras cosas, debían investigar los crímenes de la dictadura.
A lo largo de más de 25 años como docente de la PFA, Isabelita dio materias como Actualización doctrinaria y Tendencias Políticas, Métodos y procedimientos de reunión, que básicamente se refiere a cómo conseguir información, Metodología de la investigación y análisis o Análisis situacional.
Hubo denuncias previas
En 2013, la mujer fue denunciada por la entonces ministra de Seguridad Nilda Garré después de que el Grupo Especial de Relevamiento Documental (GERD) encontró en su expediente una constancia de que había estado infiltrada en Madres durante la dictadura.
En esos años –particularmente en 1981–, otro exagente de la PFA Luis Alberto Martínez –conocido como “Japonés” mencionó a una mujer llamada “Isabelita” como la persona que estaba infiltrada en el grupo de Madres y familiares que se reunía en la Iglesia de la Santa Cruz. Su expediente también detalla que aparecía en una denuncia hecha en el ámbito internacional.
Durante 45 años, Isabelita jamás debió dar explicaciones. Siguió formando a las nuevas generaciones de integrantes de la PFA pese a haber sido denunciada por crímenes de lesa humanidad y por su vinculación con uno de los casos más emblemáticos de la represión: la desaparición de tres Madres de Plaza de Mayo y dos monjas francesas.
“Cuando se han cometido violaciones masivas de derechos humanos, el Estado tiene una serie de obligaciones que van más allá de enjuiciar a los responsables”, expresó a Página/12 Fabián Salvioli, relator especial de Naciones Unidas para la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición.
“Una de las medidas más importantes para la no repetición de los hechos es lo que se llama el proceso de vetting, que es sacar de las estructuras del Estado a quienes hayan estado involucrados directa o indirectamente en violaciones de derechos humanos”, agregó Salvioli.
Un cuerpo poco investigado
El Cuerpo de Informaciones al que perteneció Isabelita es uno de los organismos de inteligencia menos conocidos e investigados. Es el mismo que integró José Pérez –Iosi, el espía que estuvo infiltrado en la comunidad judía– o Américo Balbuena, el espía que estuvo metido en la Agencia Walsh.
En Argentina, no se ha desclasificado información más allá de la que se ha enviado a causas judiciales puntuales. “Los países, pasada una cantidad de años, no tienen ningún motivo serio que les impida desclasificar esa información. El no proceder a la desclasificación lo único que termina generando es la impunidad de esas personas, por lo que, en ese supuesto, el Estado está incumpliendo por omisión”, apuntó Salvioli.
“Lo grave de esta situación no es esta mujer en particular, sino que ese instituto de formación siga funcionando de esa forma. Ella puede ser el testimonio de la continuidad de un modelo de policía que no es compatible con la democracia. En la democracia, nuestra lucha diaria es por desprestigiar la violencia y que ese lugar lo ocupe finalmente el Estado de derecho”, señaló Jorge Auat, extitular de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad.
T/ Página12/ LRDS
