La nueva ley de la Unión Europea (UE) para regular la inteligencia artificial (IA), una legislación inédita a nivel mundial, entró este jueves en vigor con el objetivo de fomentar la innovación en Europa y limitar los posibles abusos de esta nueva tecnología.
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, señaló en la red social X que se trata del «marco pionero de Europa para una IA innovadora y segura«.
La dirigente del brazo ejecutivo del bloque de 27 Estados miembros, aseguró que la normativa «impulsará el desarrollo de una IA en la que los europeos puedan confiar, brindará apoyo a las pymes [pequeñas y medianas empresas] y a las empresas emergentes europeas para llevar al mercado soluciones de IA de vanguardia».
La ley es el resultado de más de tres años de intenso trabajo, y tras meses de arduas negociaciones, el Parlamento Europeo aprobó el pasado marzo una medida que desde Bruselas se ha definido como «histórica».
La legislación clasifica la inteligencia artificial en cuatro grupos que establecen obligaciones más o menos estrictas según sus riesgos: inaceptable; alto, limitado y mínimo. Así, Europa obligará a identificar los contenidos creados con inteligencia artificial.
Asimismo, prohíbe la vigilancia masiva en espacios públicos, pero permite que en ciertos casos las fuerzas del orden puedan emplear las cámaras de identificación biométrica con previa autorización judicial, lo que constituyó uno de los puntos más difíciles de las negociaciones entre Eurocámara y Estados para pactar la ley.
Aunque entra en vigencia este jueves, la mayor parte de la legislación se aplicará a partir de 2026, pero algunas disposiciones ya serán vinculantes el año que viene. Así pues, los sistemas de riesgo inaceptable se prohibirán a partir del 2 de febrero de 2025, los sistemas de IA generativa se limitarán desde el 2 de agosto de 2025 y el amplio grueso de obligaciones deberá acatarse desde el 2 de agosto de 2026. Las cláusulas aplicadas a la IA de alto riesgo en productos ya regulados como la aviación o los productos sanitarios esperarán hasta el 2 de agosto de 2027.
Esa serie de normas afectarán a las empresas que desarrollan estas tecnologías, pero también a los organismos públicos, compañías e individuos que las utilizan. Sus repercusiones irán más allá de la UE, afectando a los proveedores que, aún operando fuera de las fronteras comunitarias, introduzcan sus sistemas en el mercado europeo. Las multas por su incumplimiento pueden alcanzar un máximo de 35 millones de euros o el 7% de su facturación anual mundial.
T: Agencias/LRDS
