El retiro de 21 órdenes de aprehensión contra militares presuntamente implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa no se sustenta con las pruebas que se han reunido en la investigación, aseguró el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
A un día de culminar su período de trabajo extendido en 2020 por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, los expertos presentaron su tercer informe sobre el llamado Caso Iguala y dieron su opinión respecto a la renuncia del fiscal mexicano encargado del caso, Omar Trejo.
El GIEI hizo un repaso de los hallazgos hechos a lo largo de su investigación y aseguraron que existió un monitoreo de los jóvenes en tiempo real por parte de autoridades del Ejército, principalmente del Batallón 27, en Iguala.
Los especialistas señalaron que, con el uso del software Pegasus, los militares espiaron las comunicaciones de los miembros de Guerreros Unidos, entre el 24 y el 6 de octubre, por lo que tuvieron conocimiento incluso de las conversaciones en las que se ordenaba desaparecer a los jóvenes que aparentemente seguían con vida hasta el 4 de octubre.
Asimismo, acusaron que mandos militares como el capitán José Martínez Crespo y el coronel Rafael Hernández fueron mencionados en varias conversaciones del grupo criminal, sobre todo en algunas que se referían a comidas y encuentros para acordar lo que se presume fueron sobornos.
En este sentido, el GIEI cuestionó la decisión de la Fiscalía General de la República de desistir en 21 órdenes de aprehensión en contra mandos militares, pues la investigación tiene pruebas que sí fundamentan la detención de dichos soldados.
Por ello, los expertos consideraron que por razones ajenas al caso jurídico se está tomando la decisión de no investigar a estos militares, razón por la cual solicitaron una reunión con el fiscal Alejandro Gertz Manero, con quien solo se han reunido una vez.
Asimismo, el GIEI lamentó la salida de Omar Trejo, titular de la fiscalía especializada para el caso, pues evidencia que al interior del aparato de justicia mexicano se toman decisiones que entorpecen el avance de las investigaciones.
El GIEI insistió en que varias autoridades federales mintieron durante las primeras investigaciones y reiteraron su desacuerdo con la llamada Verdad Histórica, toda vez que esta solo señala la complicidad de autoridades locales y no las federales, pese a las pruebas recogidas.
Respecto a las capturas de pantalla de chats presuntamente de miembros de Guerreros Unidos difundidas por la periodista Peniley Ramírez, los expertos informaron que pidieron el análisis de estas pruebas para verificar su autenticidad.
Finalmente, el GIEI anunció que solicitará una extensión de su período de trabajo, al menos por un mes más, aunque comentaron que el presidente López Obrador mostró estar de acuerdo con que su trabajo se extienda hasta el 2024.
T/ Sputnik/ LRDS
