El Gobierno de la presidenta designada de Perú, Dina Boluarte dejó sin efecto, este lunes,  el nombramiento de 312 subprefectos distritales en 23 regiones del país sudamericano.

Vale recordar que el expresidente Pedro Castillo nombró, de acuerdo a la legislación local, a los subprefectos de los distritos de todo el país, motivo por lo cual son ahora señalados.

Funcionarios designados por Pedro Castillo

El Ministerio del Interior del Gobierno designado por el Congreso, tras la vacancia exprés de Pedro Castillo, justificó su decisión  sobre la base de que «estos funcionarios en lugar de responder a las directrices establecidas sobre las funciones del Subprefecto Distrital.

En lugar de representar y defender al Estado, como señala la ley, tuvieron distintos grados de participación en las manifestaciones populares, cuya represión se ha saldado con casi 30 muertos», dijo la vocería de la cartera del Interior.

El Ministerio del Interior defendió la cesantía de los funcionarios públicos en los términos siguientes: “luego de recibir información de inteligencia sobre la actuación de estos subprefectos distritales designados por el expresidente Castillo, como organizadores, instigadores o participantes de las violentas protestas, se evaluó la situación de estos funcionarios y se prescindió de sus servicios”.

Los funcionarios deberán presentar declaración jurada de bienes

De acuerdo a la decisión administrativa, los ahora exsubprefectos deberán entregar sus cargos y presentar sus declaraciones juradas de bienes y rentas, así como sus declaraciones juradas de intereses, con la finalidad de proceder a los procesos de fiscalización que corresponden.

La mayor parte de los 312 subprefectos cesados son de las localidades de Ayacucho (46), San Martín (34), Junín (33), Puno (31) y Cajamarca (19).

La presidenta designada, Dina Boluarte, acusó la semana pasada los partidos de izquierda y a sus funcionarios electos y designados de estar «detras del vandalismo», como denominó a las protestas populares cuya represión amparó con la declaración de un Estado de Emergencia por 30 días.

T/Telesur/LRDS