La declaratoria, que rige para los territorios de El Oro, Guayas, Los Ríos y Manabí, determina la suspensión del derecho a la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia.

La medida, vigente por 60 días para los mencionados territorios de la zona costera, está sustentada en la figura de “grave conmoción interna” y permite la participación conjunta de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en acciones de seguridad interna.

El Gobierno justificó su decisión debido al alza de la criminalidad en esas demarcaciones como resultado de disputas entre bandas criminales.

Según informes de inteligencia, se trata de ataques armados y atentados con explosivos ocurridos en viviendas, sitios recreativos, mercados y embarcaciones, aparentemente relacionados con la captura del cabecilla de Los Choneros Adolfo Macías (Fito), quien fue extraditado a Estados Unidos.

En Manabí se evidencia un incremento del 239 por ciento de muertes violentas

El Decreto refiere que en Manabí se evidencia un incremento del 239 por ciento de muertes violentas entre el 11 de julio y el 3 de agosto en comparación con ese periodo de 2024, mientras en Los Ríos el aumento fue del 55 por ciento.

Por el contrario, en las provincias de Guayas y El Oro las autoridades registraron una reducción del 15 y 20 por ciento de los homicidios en ese mismo lapso de tiempo.

En anteriores análisis de estados de excepción, la Corte Constitucional descartó la justificación de “grave conmoción interna” e instó al Ejecutivo a combatir a las bandas criminales con las herramientas legales ordinarias.

Este nuevo decreto deberá ser revisado nuevamente por la Corte en un momento de tensiones entre Noboa y el tribunal de garantías constitucionales, instancia que recientemente anuló parcialmente varios artículos de tres polémicas leyes promovidas por el mandatario.

Ecuador sufre una crisis de seguridad y es considerado el más violento de Latinoamérica, con más de cuatro mil 500 homicidios en el primer semestre del año, cita Prensa Latina.

Ecuador: Noboa despliega 2.000 militares en Manabí tras ola de crímenes