La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes durante un balance sobre la aplicación de la Ley de Amnistía y Convivencia Democrática que este próximo lunes primero de junio inicia en el país la consulta nacional por la reforma de la justicia penal.
Desde el Palacio de Miraflores, la jefa de Estado encargada explicó que este proceso buscará definir las líneas gruesas de la proyección del sistema judicial, así como atender de manera prioritaria nudos críticos como el retardo procesal y la corrupción judicial.
Rodríguez considera que este anuncio se produce «en un momento duro para la justicia», dijo, por lo que distintas instancias del Estado venezolano coordinan esfuerzos en esta dirección. Para el desarrollo de estas tareas, se trabaja en conjunto con la Comisión de la Revolución Judicial y las autoridades del Ministerio Público, el Parlamento venezolano y el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.
Enfatizó que la articulación de todas las instancias del Estado tiene como meta definitiva «lograr una reforma donde la justicia alcance para todos los venezolanos, sin ningún tipo de distingo». Para ello, destacó la incorporación de más de 38.000 jueces de paz en todo el territorio nacional, orientados a la conciliación comunitaria.
La mandataria encargada identificó tres nudos críticos urgentes. El primero de ellos es el retardo procesal, frente al cual la funcionaria destacó la reciente reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para aumentar el número de magistrados y agilizar las causas. Asimismo, abogó por la modernización tecnológica: «Ya la inteligencia artificial está ayudando enormemente contra el retardo procesal», afirmó.
El segundo flagelo señalado fue la corrupción judicial, un problema ante el cual prometió mano dura y el diseño de mecanismos de control estrictos que frenen las malas praxis de «jueces que piden comisiones, jueces que piden extorsión por liberaciones».
Este escenario, según explicó, deviene directamente en el tercer desafío: la criminalización de la pobreza. Rodríguez denunció la existencia de una «pirámide invertida» en el sistema penal actual, revelando que el 68% de las personas privadas de libertad pertenecen a los estratos socioeconómicos menos favorecidos:
«Debemos acabar definitivamente con la criminalización de la pobreza, que sigue siendo una forma de discriminación económica y social».
Balance de liberaciones y amnistía
En el aspecto cuantitativo, la presidenta encargada ofreció un balance del impacto de las recientes políticas judiciales y de la Ley de Amnistía. Precisó que en apenas 63 días efectivos de aplicación de dicha ley, un total de 8.740 personas han sido beneficiadas (314 con exención de privación de libertad y 8.426 que se encontraban bajo medidas cautelares).
Rodríguez sumó a estas cifras las acciones de la Comisión de Revolución Judicial, asegurando que en lo que va de año se han registrado 3.630 liberaciones vinculadas a la corrección del retardo procesal, un número que ya supera la totalidad de los casos atendidos durante el año 2025.
Además, adelantó que tras las interconsultas realizadas con la Asamblea Nacional, en las próximas horas se ejecutarán nuevas medidas: «Estaremos superando las 500 liberaciones, que son buenas noticias para nuestro país». Ante esto, hizo un llamado a que estos procesos se asuman con madurez en el marco del «renacer de Venezuela».
500 excarcelaciones en las próximas horas
Durante su intervención, la dignataria encargada informó que a la fecha se han llevado a cabo 395 excarcelaciones mediante el proceso de la Ley de Amnistía, al tiempo que manifestó que la cifra superará las 500 liberaciones en las próximas horas.
Precisó que estos resultados no derivan únicamente de la amnistía, sino de la confluencia de distintos procesos judiciales en marcha, entre los que mencionó, al Programa Nacional de Convivencia Democrática y Paz quienes se han dedicado a evaluar aquellos casos que no están incluidos dentro de esta ley,
«Estos procesos confluyen y nos están llevando a una depuración del sistema de justicia penal; a lo que quiere y necesita el país en aras de la paz política y social. Estamos avanzando en esa dirección desde las distintas instancias del Estado venezolano«, afirmó.
Asimismo, detalló que a través de estas medidas se atienden casos vinculados a hechos políticos históricos, tales como el golpe de Estado y el sabotaje petrolero de 2002, así como las acciones violentas registradas en los años 2014 y 2017. Al respecto, señaló que estas acciones ya han generado resultados palpables tanto para la nación como para la comunidad internacional.
«Hemos tenido resultados y ahora falta que nosotros definamos las líneas gruesas de cómo debe ser la justicia penal en Venezuela, especialmente en lo que tiene que ver con el retardo procesal y la corrupción judicial», enfatizó.
Por otra parte, la presidenta encargada subrayó que, de manera complementaria y previa al decreto de amnistía, el Estado ya había concretado 875 excarcelaciones.
Contra la politización y por un nuevo trato policial
En un tono firme, Rodríguez lanzó una advertencia contra el uso de los tribunales con fines políticos, calificando de «muy mezquino y miserable» que se pretenda sacar provecho partidista de la privación de libertad de los ciudadanos. «Pido que no haya utilización ni política ni partidista de un proceso que busca genuinamente la transformación del sistema penal», sentenció.
Finalmente, informó que mantiene conversaciones con el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, para impulsar un «nuevo relacionamiento entre el ciudadano y el funcionario de seguridad ciudadana». El objetivo es garantizar el respeto mutuo, erradicar las extorsiones y asegurar un sistema nacional que proteja tanto a los defensores de derechos humanos y familiares, como a los propios funcionarios policiales en el ejercicio de sus funciones.
Venezuela presenta balance de la Ley de Amnistía y Convivencia Democrática
