Los dueños extranjeros de las tierras argentinas

Un lago que se convirtió en la pileta de un magnate británico, un pueblo literalmente cercado por plantaciones de pino que compró una empresa chilena en Misiones, otro multimillonario pero estadounidense que se enamoró y compró gran parte de los Esteros del Iberá, un muerto por reclamar la propiedad de las tierras dentro en la estancia Leleque de los italianos Benetton.

El 5,23 por ciento de las tierras del país está en manos de extranjeros. Son 14,7 millones de hectáreas, la mitad de la superficie de Italia, que empresarios compraron para emprendimientos mineros, forestales, turísticos, ganaderos. Para asegurarse agua y tierras, materias primas para otros negocios, para pasar sus vacaciones en el sur. La extranjerización de las tierras lleva años en la historia de Argentina. Si la preocupación inicial por esta problemática se limitaba a una cuestión geopolítica, el impacto y la concientización del cambio climático agrava más la situación. La tierra y el agua son bienes escasos y la Argentina tienen en cantidades.

La lista de los terratenientes importados

La extranjerización de la tierra en Argentina tiene nombre y apellido, aunque a veces no. Los Benetton, los Tompkins, los Lewis, los Angelini son los más conocidos, pero también hay miles de centenares de hectáreas propiedad de empresas offshore o con nombres fantasmas imposibles de rastrear.

El Registro Nacional de Tierras Rurales, creado gracias a la Ley de Tierras sancionada a fines del 2011 por impulso del ejecutivo durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, fue el primero que permitió dimensionar la problemática y también ponerle nombre y apellido de los dueños de una parte de nuestro país.

Según dejó en evidencia ese trabajo de registro y sistematización, el italiano Luciano Benetton es el dueño de la mayor cantidad de tierras del país: 655.990 hectáreas para negocios agrícolas, ganaderos, forestales y mineros en las provincias de Buenos Aires, Chubut, Río Negro y Santa Cruz administradas por la empresa “Compañía de Tierras del Sud Argentino”. Fue entre esas miles de hectáreas donde en 2017 tras una violenta represión de la Gendarmería en respuesta al reclamo por la titularidad de las tierras desapareció Santiago Maldonado y su cuerpo apareció 78 días después en el río donde su familia denunció que «se había rastrillado tres veces».

Comparte podio la estadounidense Los Poquiteros S.A., dueña de 469.460 hectáreas en Catamarca. Peter Lee Mc Bride compró en 2003 las primeras 160.000 hectáreas en las que vivían del pastoreo más de 150 familias, algunas centenarias, por las que estuvo en conflicto por más de 15 años. Siguió adquiriendo tierras hasta llegar a ser dueño del 5 por ciento de las hectáreas rurales de la provincia.

En el top cinco de sujetos extranjeros con mayor concentración de tierra rural en el país se encuentra la empresa suiza offshore Estomonte AG. con tierras en San Juan, y un poco más abajo en la lista aparece la otra suiza Unicampos S.A. con 179.000 hectáreas en Mendoza, Santa Luis y Santa Fe. El Registro detectó más de un millón de hectáreas en manos de empresas radicadas en paraísos fiscales, que sirven como escudo de los verdaderos dueños ante posibles reclamos impositivos, ambientales o territoriales.

El 45,4 por ciento de las offshore propietarias pertenece a firmas suizas, el 34,7 por ciento a uruguayas, el 8 por ciento a sociedades de Luxemburgo, el 3,9 por ciento a panameñas, el 3,6 por ciento a firmas de Liechtenstein y el 3,4 por ciento a firmas de Andorra.

Otra de las empresas ícono de extranjerización es la chilena Alto Paraná S.A., que contaba en 2015 con 229.080 hectáreas en las provincias de Misiones, Buenos Aires y Santa Fé. La firma está instalada en Misiones desde el inicio de la última dictadura militar y se dedica a la producción de celulosa kraft blanqueada de pino. Para eso, posee extensas plantaciones de pinos que generan escenarios insólitos: «La firma compró todas las tierras del lugar; el pueblo quedó cercado por las plantaciones de pino de Alto Paraná y el cementerio ––que tiene más de 60 años–– también quedó dentro de la forestación», describen en su libro Tierras S.A. Andrés Klipphan y Daniel Enz sobre la localidad de Libertad, y citan a un vecino de la zona: “La gente no sabe si en algún momento tendrá que pedir permiso para ver a sus muertos o bien pagar algún dinero para ingresar”.

El decreto de Mauricio Macri

Los datos actuales cuentan con algunos limitantes, que vinieron de la mano del Decreto 820/16 que dispuso el expresidente Mauricio Macri luego de un paseo en helicóptero con Joe Lewis, apenas comenzó su gestión. El decreto presidencial eliminó una de las condiciones más importantes de la ley, que es la obligatoriedad de tramitar un nuevo certificado de habilitación en el caso de que una empresa tenga una reorganización societaria.

Es decir, se habilita la transferencia de acciones a extranjeros sin tener que informar al Registro Nacional. De esta forma, si la persona jurídica dueña de una tierra le vende sus acciones a un extranjero, la tierra pasa a manos extranjeras y el Estado no se entera, perdiendo control también para hacer cumplir los cupos establecidos por ley. «De esta forma, da vía libre al instrumento mas común de compra de tierras, que es a través del traspaso de acciones», asegura en diálogo con PáginaI12 la abogada experta en políticas de tierras rurales Florencia Gómez, exsecretaria de Política Ambiental y Recursos naturales de la Nación.

Otro de los temas importantes que flexibilizó el decreto es la prohibición de vender cuerpos de agua. Antes, se solicitaba al particular que contrate un profesional que verifique la inexistencia de esos cuerpos de agua, y que sea autenticado por la autoridad provincial del agua como requisito del trámite de certificación. «El Decreto de Macri prevé que desde el Ministerio de Justicia remitirán a la provincia la consulta, y si pasados 10 días no contestan, queda aprobado tácitamente. Es decir que si, por ejemplo, se notifica a la Provincia y esta contesta y se extravía la documentación, puede significar la extranjerización de un lago, laguna o cuerpo de agua en contraposición a la Ley», continúa Gómez.

De esta manera, los números de extranjerización que exhibe el registro hoy, mencionados en esta nota, se encuentran incompletos, ya que aún faltan las operaciones realizadas vía el traspaso de acciones.

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