Argentina: Fiscalía amenaza con revocar arresto domiciliario de Cristina Fernández

La fiscalía argentina, a través del fiscal Diego Luciani y su adjunto Sergio Mola, solicitó formalmente al Tribunal Oral Federal N.º 2 que se exhorte a Cristina Fernández de Kirchner a evitar concentraciones populares en su residencia en Buenos Aires, Argentina. Los fiscales advirtieron que, de repetirse situaciones que «alteren el orden público», se podría revocar el beneficio del arresto domiciliario que la ex jefa de Estado cumple actualmente.

La molestia de la Fiscalía se originó tras la multitudinaria marcha por el aniversario 50 del golpe de Estado, donde miles de manifestantes saludaron a la exmandataria en su domicilio de San José 1111. Según el escrito presentado, la permanencia de la condenada en el balcón por más de una hora mientras el pueblo le saludaba contradice las normas de convivencia pacífica impuestas por el tribunal.

Para los fiscales, este tipo de convocatorias autoconvocadas pone en riesgo la seguridad personal de la propia peticionante, la cual fue el argumento principal para concederle la detención domiciliaria. El dictamen sostiene que el despliegue de militancia en el barrio altera la circulación normal y la tranquilidad de los vecinos de la zona de Constitución.

Esta ofensiva judicial ocurre en un momento crítico para la Casa Rosada, que enfrenta denuncias por corrupción contra el jefe de gabinete Manuel Adorni y complicaciones en el caso $LIBRA que han llegado al presidente Javier Milei. Analistas señalan que la amenaza de Luciani busca desviar la atención mediática de la crisis económica y de la masiva movilización por los derechos humanos.

Desde la defensa de la expresidenta evalúan los pasos a seguir ante lo que consideran un planteo de tinte político más que jurídico, propio de una estrategia de lawfare. Los abogados destacan que el comportamiento de saludar desde un balcón no constituye delito ni viola las restricciones de movilidad propias de su actual condición de detención.

Finalmente, se espera que el tribunal decida si dará lugar al pedido de la Fiscalía o si simplemente lo incorporará como un antecedente sin consecuencias inmediatas sobre la modalidad de la pena. La tensión judicial se incrementa tras las declaraciones recientes del presidente Javier Milei, quien aseguró ante la Asamblea Legislativa que la exmandataria permanecerá bajo custodia por mucho tiempo.