Un informe de inteligencia de EE.UU., emitido el pasado 26 de febrero, concluyó que el Tren de Aragua no es controlado por el Gobierno de Venezuela, ni actúa bajo sus órdenes.
A pesar de esto, Donald Trump utilizó esta acusación infundada para justificar la deportación masiva de venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
Esta decisión, carente de pruebas sólidas, desató una crisis constitucional y viola derechos humanos y el debido proceso.
Agencias de inteligencia como la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) coincidieron en que el Tren de Aragua opera de manera independiente, sin vínculos con el Gobierno venezolano. Solo el Buró Federal de Investigaciones (FBI) discrepó parcialmente, basándose en información considerada poco confiable por otras agencias.
Pese a estas conclusiones, Trump insistió en vincular a Venezuela con la banda criminal y utilizó este argumento para impulsar una política migratoria represiva y sin fundamento legal.
Expertos legales y defensores de derechos humanos denuncian que la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, utilizada por última vez durante la Segunda Guerra Mundial, es un abuso de poder.
Asimismo, un tribunal federal suspendió temporalmente las deportaciones, al considerar que se violaron procedimientos legales. Mientras tanto, Trump recurrió a un tribunal de apelaciones, donde se decidirá si sus acciones, basadas en acusaciones sin sustento, fueron constitucionales.
T/Telesur
