Sectores populares y organizaciones sociales manifestaron este martes su rechazo a la juramentación del presidente impuesto por Estados Unidos, Nasry Asfura, cuya toma de posesión se realizó a puertas cerradas en el Congreso Nacional, con la presencia de diputados oficialistas y algunas delegaciones nacionales e internacionales, en medio de un fuerte despliegue de seguridad.

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Según reportes desde la capital, Tegucigalpa, efectivos militares y policiales resguardaron el Poder Legislativo e impidieron el acceso de integrantes del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) y de organizaciones campesinas, que intentaron expresar su oposición mediante movilizaciones pacíficas.

Los manifestantes fueron contenidos en sectores como el Palo de Hule, en Comayagüela, un punto históricamente vinculado a protestas sociales, mientras recordaban que Asfura fue impuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien cometió injerencia al interferir en las elecciones y amenazó con tomar represalias con las remesas si los hondureños no votaban por el candidato del Partido Nacional.

Las marchas partieron desde el Parque de la Libertad, tradicional punto de encuentro de la Resistencia Popular, y se extendieron a otras plazas públicas del país. De acuerdo con dirigentes sociales, el rechazo ciudadano se ha hecho visible en distintas regiones del territorio nacional, con plantones y concentraciones contra la narcodictadura.

Los sectores movilizados cuestionaron la legitimidad de Asfura

Los sectores movilizados cuestionaron la legitimidad de Asfura y recordaron denuncias por actos de corrupción durante su gestión como alcalde del Distrito Central, en la que fue acusado durante el mandato de Xiomara Castro por el desvío de al menos 40 millones de lempiras (más de 1.500.000 dólares).

También advirtieron que su llegada al poder representa el retorno de estructuras vinculadas al narcotráfico, en referencia al indulto otorgado por el presidente estadounidense Donald Trump al expresidente Juan Orlando Hernández  (2014–2022), lo que —afirman— podría reactivar redes criminales.

Asimismo, organizaciones sociales expresaron preocupación por anuncios atribuidos al nuevo Gobierno sobre una posible privatización del sistema de salud y del sector energético, así como cambios en la administración pública que pondrían en riesgo programas sociales implementados durante la reciente gestión de Xiomara Castro.

La llegada de Asfura al poder también se concretó gracias a un colosal fraude electoral, apoyado por la derecha y por autoridades electorales. Sectores populares consideran que ello lo convierte en un presidente de facto.