Trump impone multas millonarias a migrantes indocumentados en EE.UU.
Más de 65.000 inmigrantes han recibido notificaciones con penalizaciones que, en conjunto, superan los 36.000 millones de dólares
El Gobierno de Donald Trump ha comenzado a imponer sanciones económicas de hasta 1.8 millones de dólares a miles de migrantes indocumentados que permanecen en territorio estadounidense tras recibir una orden de salida voluntaria, confirmó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Más de 65.000 inmigrantes han recibido notificaciones con penalizaciones que, en conjunto, superan los 36.000 millones de dólares, en una estrategia que organizaciones civiles y abogados migratorios han calificado como «cruel», «desproporcionada» e incluso «una forma de tortura psicológica».
Base legal y aplicación de las sanciones a migrantes
La política del DHS se fundamenta en una ley migratoria de 1996 que permite imponer penalizaciones de hasta 1.000 dólares diarios a quienes permanezcan en Estados Unidos después de haber recibido una orden de salida voluntaria. En la práctica, muchas de las multas alcanzan el monto máximo acumulado: 1.8 millones de dólares.
El DHS ha otorgado un plazo de apenas 15 días para que los afectados respondan a la notificación o abandonen el país. Las cartas advierten que las deudas podrían ser enviadas a agencias privadas de cobro o afectar historiales crediticios, mientras que abogados migratorios alertan sobre posibles embargos salariales, congelamiento de cuentas bancarias o gravámenes sobre propiedades.
Migrantes multados en EE.UU.: 10 años y 1.8 millones
Rosa, una migrante indocumentada de 50 años residente en Los Ángeles, enfrenta una deuda de 1.8 millones de dólares por no haber abandonado el país tras recibir una orden de salida voluntaria hace más de una década. La mujer, quien se recupera de un derrame cerebral y depende de medicamentos diarios, contó vivir «aterrorizada» desde que recibió la notificación en marzo.
«Cuando vienen a dejarme las medicinas pienso que son agentes del ICE», relató Rosa, cuyo esposo gana alrededor de 4.000 dólares mensuales trabajando en una gasolinera. Según cálculos simples, necesitaría casi 38 años entregando íntegro su salario para cubrir la deuda.
Felipe, un albañil mexicano de 47 años radicado en California, también recibió una multa idéntica. El migrante, quien llegó a Estados Unidos en 2000, asegura que «me cambió la vida» y ahora analiza transferir sus pertenencias a nombre de sus hijos por temor a confiscaciones. «Salgo de mi casa persignándome», contó.
A finales de 2025, agrupaciones civiles presentaron una demanda colectiva contra las agencias federales responsables de aplicar las multas. La querella sostiene que las sanciones se imponen sin evaluar circunstancias individuales ni garantizar procesos adecuados, y que muchas personas desconocían las consecuencias legales de órdenes migratorias emitidas años atrás.
«Con esta Administración todo puede pasar», afirmó Jorge Mario Cabrera, vocero de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA). «Lo que buscan es intimidar para obligar a los inmigrantes a autodeportarse», añadió.
La abogada migratoria Raquel Kuronen, quien representa a decenas de personas afectadas en California, explicó que «es parte de una estrategia para presionar a los inmigrantes desde todos los frentes». Hasta el momento, ninguno de sus clientes ha podido pagar las sanciones. «No tienen cómo cubrir una cifra así», sostuvo.
Organizaciones proinmigrantes recomiendan buscar asesoría legal inmediata y presentar objeciones formales antes de que expire el plazo establecido por el DHS. Mientras el litigio continúa en tribunales federales, miles de migrantes permanecen pendientes del correo, temiendo que la próxima notificación afecte definitivamente su estabilidad económica y familiar.
Fuente: Telesur
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