México rechaza informe de comité de ONU sobre desaparición forzada

Ciudad de México, 2 de abril. ‎En un comunicado, las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores apuntaron que, si bien el documento se refiere principalmente a hechos del lapso 2009-2017 (gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto) y se circunscribe a cuatro estados, la “decisión del Comité es parcial y sesgada”.

‎Las carteras señalaron que el informe omite considerar los esfuerzos institucionales presentados el 27 de marzo último, y lamentaron el rechazo a estudiar la información actualizada proporcionada por el Estado mexicano antes de la publicación de la resolución.

‎“El propio Comité reconoce en los párrafos 117 y 118 de su decisión que no existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil por acción u omisión”, subrayaron.

‎A su juicio, dichos señalamientos reflejan la situación actual del país, diferente a la de períodos anteriores.

‎Las secretarías resaltaron la falta de rigor jurídico en la argumentación del Comité, así como la ligereza de sus premisas, incluyendo “su interpretación del vínculo con el Estatuto de Roma, agravada por conflictos de interés de algunos de sus integrantes”.

‎Denunciaron que existe evidencia de que al menos uno de ellos trabajó para organizaciones que han presentado quejas en contra del Estado mexicano.

‎“El Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas. Además, resaltamos que en esta administración se ha emprendido una reforma legislativa e institucional, en coordinación con colectivos de familiares, para atender este flagelo”, recalcaron.

‎Como resultado de un proceso dialogado y con participación de las familias, añadieron las carteras, en julio del año pasado se aprobaron modificaciones sustanciales a la ley, así como “herramientas y obligaciones que el CED no consideró debidamente”.

‎Mencionaron entre estas la Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la obligación de abrir carpeta de investigación ante el primer reporte, la Base Nacional de Carpetas de Investigación, la Plataforma Única de Identidad y el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses.

‎También el robustecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda con especialistas y equipo; la obligación de registros oficiales con datos mínimos de identificación, y la coordinación garantizada entre comisiones de búsqueda, fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República.

‎Además, la incorporación de las comisiones de víctimas al Sistema Nacional de Búsqueda.

‎“México está abierto a la cooperación técnica internacional, pero no a partir de premisas que no reflejan su realidad actual”, sostuvieron ambas secretarías, que reafirmaron “el compromiso absoluto de este gobierno con la erradicación de las desapariciones forzadas”.

Fuente: Prensa Latina

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