La desaparición forzada de 43 estudiantes mexicanos en 2014, conocido como el caso Ayotzinapa, vivió el viernes su acto de justicia más fuerte, con la expedición de las órdenes de arresto contra 64 militares y policías presuntamente involucrados en el crimen y la detención del exprocurador Jesús Murillo Karam por el mismo hecho criminal.
La Fiscalía General de México (FGR) informó que un juez federal del Estado de México giró 83 órdenes de aprehensión contra 20 mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones en la ciudad de Iguala por el Caso Ayotzinapa.
En este sentido, el ente mexicano señaló que el juzgador también ordenó la detención de cinco autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero; 26 policías de Huitzuco; seis de Iguala y uno de Cocula; más 11 policías estatales de Guerrero y 14 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.
Los delitos por los que se libraron las órdenes de arresto son por delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia.
#FGRInforma | #FGR obtuvo 83 órdenes de aprehensión contra 20 mandos militares y personal de tropa en Iguala, autoridades de Guerrero; policías estatales, policías municipales y 14 miembros del grupo Guerreros Unidos, vinculados al caso Ayotzinapa.
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— FGR México (@FGRMexico) August 20, 2022
Horas antes la FGR comunicó el arresto del exprocurador general Jesús Murillo Karam en su domicilio por los hechos de desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia.
El abogado de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, Vidulfo Rosales, consideró la detención de Murillo Karam «un paso importante», sin embargo se mostró escéptico sobre eventuales revelaciones del exprocurador.
La captura de Murillo Karam se produjo horas después de que el presidente López Obrador pidiera «verdad» y castigo a los responsables de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, tras la publicación el jueves del reporte de la comisión gubernamental que investiga el caso desde 2019 y lo considera un «crimen de Estado».
Asimismo, el informe sostiene que militares y funcionarios, por sus «acciones, omisiones o participación», permitieron el secuestro y muerte de los estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa y seis personas más a manos del cártel del narcotráfico Guerreros Unidos.
T/Telesur/LRDS
