De Moraes hizo el pedido para que Zambelli, quien permanece en Italia, cumpla en territorio nacional una pena de 10 años de prisión y 200 días de multa por piratería informática del Consejo Nacional de Justicia (CNJ).

Según la demanda, libre, consciente y voluntariamente, la congresista «ordenó la invasión de los sistemas institucionales utilizados por el Poder Judicial, mediante la planificación, el reclutamiento y el mando de una persona con aptitud técnica y los medios necesarios para cumplir dicha tarea».

Lo anterior, con el fin de manipular información, sin autorización expresa o tácita del titular del derecho.

Una vez instruido el pedido, la cartera de Justicia remitirá la solicitud al Ministerio de Relaciones Exteriores que, a su vez, la tramitará ante la Cancillería italiana que enviará el caso a la Autoridad Central del país europeo. De acuerdo con investigaciones, la diputada Zambelli colaboró con el pirata informático Walter Delgatti para insertar documentos falsos en la base de datos del CNJ, incluyendo una supuesta orden de arresto contra De Moraes.

Por unanimidad, sala del STF condenó a la confesa partidaria de Bolsonaro

En la apelación, su defensa solicitó la absolución y alegó que se restringió el acceso a pruebas.

Por unanimidad, la primera sala del STF condenó a la confesa partidaria de Bolsonaro a 10 años de prisión, inicialmente en régimen cerrado, pérdida del mandato parlamentario (que será declarado por la Cámara de Diputados tras la sentencia definitiva) e inhabilitación.

Delgatti a ocho años y tres meses de cárcel, en un primer momento en régimen cerrado. Ya cumple prisión preventiva.

La acusación precisa que Zambelli contrató los servicios de Delgatti y le prometió trabajo.

El Ministerio Público Federal cita un informe de la Policía Federal que confirmó que el hacker «trabajaba para la imputada (Zambelli), y cabe destacar que tenía acceso a información a sitios web y servidores asociados a la parlamentaria».

La querella alega que el pago fue oculto, es decir, escondido, en un intento de encubrir la relación, y realizado a través de un tercero: Jean Hernani, un empleado de la oficina de Zambelli, el cual no fue acusado en el caso.

También la legisladora y el intruso digital deberán pagar una indemnización de dos millones de reales (unos 345 mil dólares) por daños morales y colectivos, cita Prensa Latina.

LRDS

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