El presidente argentino Alberto Fernández anunció este lunes que impulsa una demanda contra el gobierno de su antecesor Mauricio Macri por el préstamo de 55 mil millones de dólares otorgado por el Fondo Monetario (FMI), y el gran endeudamiento externo con acreedores privados.
Instruyó a las autoridades pertinentes que determinen “quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la más grande malversación de caudales que nuestra memoria registra”.
Con esto, declaró, intenta poner fin “a las aventuras de hipotecar al país. Es necesario que endeudarse no sea gratis y que los responsables rindan cuentas de sus actos y dejen de circular impunes dando clases de economía en el país y en el mundo”.
Al abrir las sesiones ordinarias del Congreso, propuso además una serie de leyes, se refirió con realismo a toda la temática en el contexto de la pandemia del Covid-19 y recordó que un representante del FMI reconoció que ese crédito excepcional fue impulsado por la administración de Donald Trump “para favorecer al entonces presidente Macri en la búsqueda de su relección”.
Expuso: “una deuda tomada por un gobierno irresponsable que obtuvo un crédito otorgado en su favor por motivos absolutamente políticos, merece una revisión y un tratamiento adecuado a la hora de su renegociación”.
Solicitó la aprobación de la reforma judicial y la modificación de la ley del Ministerio Público para designar el procurador general. El Poder Judicial, de acuerdo con encuestas, es el menos legitimado por la población.
“El Poder Judicial está en crisis, parece vivir en los márgenes del sistema republicano”, declaró el mandatario, quien evaluó que es “impostergable” el debate de una reforma judicial profunda.
Se refirió a los grandes privilegios que favorecen a los magistrados “de los que no goza ningún miembro de la sociedad. Ningún magistrado ni funcionario judicial paga hoy el impuesto a los ingresos que sí tributan millones de trabajadores y funcionarios del sector público y privado. En el caso de los miembros de la Corte Suprema, acceder a la declaración jurada de sus bienes es imposible”.
Ajustes en el Poder Judicial
Recordó que en Argentina “hay un fiscal procesado por delitos severos, como el espionaje ilegal o extorsión que sigue en funciones como si nada”, en alusión a Carlos Stornelli. Pidió al Congreso que asuma el rol de “control” del Poder Judicial que le otorga la Constitución ante los “desvíos” en los que incurre, y mencionó el caso del juez Gustavo Hornos y sus visitas a Macri, sin referirse a él.
Otro proyecto de ley clave es la emergencia en los servicios públicos y regulados para avanzar en la desdolarización de las tarifas para “adecuarlas a una economía que tiene sus ingresos en pesos”, y prometió ponerle fin “al martirio” de tener que elegir “entre comer o pagar la luz y el gas”, y lograr además que se fije un salario mínimo que beneficie a más de un millón de trabajadores.
Entre otros temas la lucha contra la violencia de género y evitar que los feminicidios “se consumen sin que muchos jueces y fiscales hagan lo necesario para impedirlos”.
Destacó el tema de los derechos humanos como una política de Estado, cuyos resultados se han podido observar en el año reciente.
T/ La Jornada/ LRDS
