
Las repercusiones económicas de la disputa arancelaria entre Ecuador y Colombia se profundizan a poco más de un mes de su inicio y afectan directamente a los sectores productivos y logísticos en la zona fronteriza.
Los impactos más significativos se concentran en las operaciones relacionadas con el comercio exterior. Entre la provincia de Carchi (Ecuador) y Nariño (departamento colombiano), los actores del sector calculan que la actividad comercial y de transporte cayó hasta en un 90 %, reflejándose en la reducción de camiones de carga, mercancías y personas que atraviesan la frontera cada día.
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La implementación de gravámenes recíprocos, que inició Ecuador, comenzaron en 30 % y llegaron hasta 50 %, ha provocado una contracción significativa del comercio binacional, con efectos visibles en transporte, logística, comercio y servicios, especialmente en el puente internacional de Rumichaca.
El conflicto comercial se intensificó luego de que el Gobierno de Daniel Noboa aplicara aranceles a productos colombianos, generando una respuesta equivalente desde Colombia. Desde entonces, gremios empresariales y autoridades regionales han manifestado su preocupación, y algunos han propuesto que el tema sea abordado en instancias como la Comunidad Andina de Naciones (CAN), mientras sectores económicos de ambos países piden mecanismos de diálogo urgentes para frenar el impacto.
A inicios de febrero se llevó a cabo una primera protesta binacional en el puente de Rumichaca, con participación de sectores de Carchi y Nariño. Al mes siguiente, gremios de transporte pesado del Carchi realizaron una nueva manifestación en la que exigían la revisión de las medidas comerciales que han paralizado la actividad económica de la región.
Uno de los rubros más golpeados es el de los trámites de desaduanización. De acuerdo con los operadores vinculados a importaciones y exportaciones, la caída del flujo de carga disminuyó significativamente las operaciones logísticas dependientes del comercio bilateral.
La Asociación de Depósitos Temporales del Carchi señaló que la incertidumbre generada por los aranceles impacta directamente a almacenes, bodegas, agenciamiento aduanero, transporte y distribución regional, y pone en riesgo miles de empleos vinculados a la operación logística fronteriza.
El transporte pesado también enfrenta un panorama crítico. Carlos Bastidas, presidente de la Asociación de Transporte Pesado del Carchi, señaló que más de 1.000 vehículos permanecen paralizados por la falta de fletes, producto de la caída en los viajes de carga que tradicionalmente conectan ambos países.
Asimismo, los gremios de transporte de pasajeros de Carchi y Nariño reportan una disminución notable en la cantidad de viajeros, directamente vinculada a la menor actividad comercial.
Impacto económico a nivel nacional
Las consecuencias de la disputa comercial también generan preocupación entre los gremios empresariales de Ecuador y Colombia, que advierten que los efectos de los aranceles no se limitan únicamente a la zona fronteriza.
Tanto el Comité Empresarial Ecuatoriano como la Asociación Nacional de Industriales señalaron que las medidas arancelarias recíprocas han alterado las cadenas productivas y de exportación, con repercusiones que alcanzan a distintas regiones de ambos países.
De acuerdo con estimaciones de estas organizaciones, cerca de 2.000 empresas se verían directamente afectadas por el conflicto comercial, lo que podría comprometer alrededor de 200.000 puestos de trabajo vinculados al intercambio bilateral. Además, se ha planteado que Ecuador podría registrar una pérdida cercana al 1 % de su Producto Interno Bruto si la disputa se prolonga.
En Colombia, autoridades y representantes del sector productivo de Nariño pidieron al Gobierno del presidente Gustavo Petro la aplicación de medidas económicas especiales para reducir los efectos de la crisis en la zona limítrofe. Entre las propuestas planteadas figura la reducción del IVA y la implementación de incentivos que permitan sostener la actividad comercial.
La semana pasada, la ciudad de Ipiales fue escenario de reuniones entre empresarios, cámaras de comercio y representantes gremiales de ambos países. Durante esos encuentros se insistió en la necesidad de establecer canales de diálogo ambos ejecutivos para buscar una salida al conflicto.
Ante la falta de soluciones concretas, distintos sectores anunciaron nuevas medidas de protesta. Organizaciones de trabajadores, comerciantes y transportistas de la región fronteriza colombiana participaron este lunes en un paro ciudadano en Ipiales.
Óscar Obando, vocero de los sectores convocantes, llamó a los comerciantes a cerrar sus establecimientos como muestra de respaldo a la protesta y de rechazo a la situación económica que atraviesa la región, refiere Telesur.





