Asesinado un líder indígena en Perú y cuatro comuneros desaparecidos

El líder de la comunidad indígena asháninka Lucio Pascual Yumanga fue asesinado y otros cuatro nativos que salieron en su búsqueda están desaparecidos en la región selvática de Pasco, según denunciaron este domingo organizaciones y representantes nativos.

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) en la ciudad de Ucayali denunció el asesinato de Pascual y la desaparición de Beri Yumanga Shario, Abdías Pascual Yumanga, Javier Pascual Marincana y Yosner Pascual Canchivo en el distrito de Puerto Bermúdez.

Solicitó al ministerio del Interior que facilite el transporte aéreo de la Policía Nacional para llegar al alejado lugar donde se encuentran los restos de Pascual y ubicar a los desaparecidos.

Asimismo, Aidesep exigió que los ministerios involucrados asuman su responsabilidad respecto a la protección de los defensores ambientales, teniendo en consideración que desde el 2020 han muerto asesinados una decena de dirigentes nativos en la selva peruana.

Por su parte, Wacgner Chamicar Shoncoqui, vicepresidente de la Asociación de Comunidades Asháninkas del Valle del Pichis (Anap), explicó al diario La República que los sucesos se desataron desde el martes último, cuando dos de los afectados salieron de caza y no regresaron a su comunidad Paz de Pucharine.

Otros tres salieron a su encuentro, pero ninguno regresó. Acto seguido, el viernes, una comisión salió tras el grupo desaparecido y encontró muerto con heridas de bala a Lucio Pascual.

La comunidad de Paz de Pucharine está bajo la amenaza de grupos armados que han ingresado a la zona de amortiguamiento de la reserva comunal El Sira, denunció a La República el presidente de la Organización Regional Aidasep Ucayali (ORAU), Berlín Diquez.

«La inseguridad territorial de las comunidades nativas, la discriminación de las autoridades policiales y judiciales contra los pueblos indígenas, la corrupción generalizada y la débil presencia del Estado para controlar las actividades ilegales afectan nuestra paz», expresó Diquez.

El presidente de ORAU exigió que el Ejecutivo asuma sus responsabilidades en torno a la protección de los defensores y «sobre todo que atiendan las causas que generan este entorno de violencia y amenaza constante».

Entre las principales demandas de las comunidades nativas figura la titulación de las tierras en las regiones de Huánuco, Junín y Ucayali para hacerle frente a las mafias de tráfico de tierras, narcotráfico y tala ilegal.

T/Diario Público (España)/LRDS