La fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras, se rehusó a participar en una reunión con el gabinete ejecutivo a la que fue citada por el presidente Bernardo Arévalo, para establecer una coordinación interinstitucional sobre aspectos de interés como las denuncias realizadas desde 2018 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la vulneración al derecho a la libertad de expresión y de prensa o casos de corrupción registrados en gobiernos anteriores.
Porras se trasladó a la sede de la Presidencia donde se iba a realizar el Consejo de Ministros. Sin embargo, luego de sentarse y tomarse fotografías en la misma sala donde se encontraban los miembros del gabinete ejecutivo y el propio presidente Arévalo, la fiscal indicó que su participación en esa reunión no era correcta y que no podía permanecer.
«Lamentablemente me vi en la necesidad de retirarme ya que la reunión se pretendía llevar a cabo en el marco del Consejo de Ministros, que por mandato constitucional y legal me prohíbe participar y les prohíbe a los ministros de Estado contar con mi presencia, ya que ni yo puedo interferir en las funciones y resoluciones que emita dicho órgano, ni ellos pueden interferir en la autonomía del Ministerio Público», expresó Porras sobre su salida de la reunión.
La funcionaria agregó que dejó constancia ante los presentes sobre su postura y dijo que le indicó al presidente Arévalo su «voluntad de participar en una próxima invitación, en el marco legal, para coordinar temas relacionados al quehacer del Ministerio Público», siempre que se respete la autonomía del organismo y «las leyes del país».
Evalúan acciones a tomar
El presidente Arévalo en una rueda de prensa explicó la situación sobre «la visita frustrada» que hizo «la señora fiscal general» en horas de la mañana a la sede de la Presidencia, donde tenían previsto tratar temas de los que «estaba perfectamente enterada». Reiteró que «en ningún caso» su administración trató de discutir o pedir información sobre asuntos específicos de la Fiscalía.
«La asistencia [de la fiscal] tenía la intención de que estaba cumpliendo sin realmente hacerlo», agregó Arévalo, quien señaló que al notar que «su intención no era la de participar de manera franca y genuina en la reunión» y expresar su deseo de salir, los presentes la invitaron a retirarse.
Ante la negativa de la fiscal de cumplir con la leyes de Guatemala, comentó Arévalo, el Gobierno y la Procuraduría examinarán sus acciones y determinarán las medidas legales a tomar.
Arévalo aclaró que la reunión a la que fue citada Porras no tenía como objetivo pedirle la renuncia. Sin embargo, el mandatario remarcó que la solicitud «es pública, notoria y es de domino público», tanto en Guatemala como en el extranjero.
«Ella la conoce y está colocada sobre la mesa, de manera que es ella la que con sus actos define si la está aceptando o no […] la renuncia está pedida públicamente y abiertamente, no ha sido retirada, sigue estando vigente», añadió.
Arévalo, que asumió la presidencia hace dos semanas, citó a Porras a la sesión del gabinete después de que ella se negara a reunirse con él la semana pasada.
Fiscalía cita al Presidente
Momentos después de las declaraciones del Presidente, el MP publicó en sus redes sociales la imagen de un oficio enviado por la fiscal Porras a la Presidencia, para invitar a Arévalo, «en su calidad de representante de la unidad nacional», para «sostener una reunión de trabajo» y «coordinar esfuerzos interinstitucionales en favor de las víctimas del delito».
La invitación detalla que la cita será el próximo «miércoles 7 de febrero» en «el Salón Mayor del Edificio Central del Ministerio Público» y el presidente de Guatemala podrá ir «acompañado de los funcionarios» que «estime pertinente».
T: RT Actualidad/LRDS
