Tras la victoria política conseguida la víspera, cuando fueron liberados 83 trabajadores acusados de participar en la movilización del 12 de febrero pasado, sindicatos, organizaciones de maestros y de estudiantes, y colectivos campesinos de Panamá  protestan este jueves contra el intento de robar los fondos de la Caja de Seguro Social (CSS)ñ

Asimismo, protestan por la persecución política a sindicalistas y la violación de derechos a migrantes y nacionales.

De acuerdo con los organizadores, los manifestantes se movilizarán desde el Parque Porras hasta la Asamblea Nacional, a partir de las 16H00 hora local.

La congregación ante el Legislativo procura llamar la atención de los asambleístas sobre las consecuencias que provocará a trabajadores, pensionados y sus familias el intento del Gobierno de José Raúl Mulino de reformar la CSS.

Una de las organizaciones convocantes, el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), ha enfatizado que el proyecto de ley 163, bajo examen por la Asamblea Nacional, es lesivo a los intereses de los trabajadores y que a través de él se intenta transferir fondos de la CSS a bancos y a Aseguradoras de Fondos de Pensiones (AFP) privadas, en beneficio de grupos de poder económico.

Otros gremios también exigen la derogación del referido proyecto de ley, como la Alianza Pueblo Unido por la Vida y Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof).

Un líder de Asoprof, Diógenes Sánchez, declaró a medios locales que el proyecto de ley 163 vulnera el derecho de los panameños y denunció que detrás del intento de robar dichos fondos están el Gobierno y empresarios.

Cuestionan trato inhumano del gobierno de Panamá contra migrantes

Además, cuestionó el trato inhumano que el Ejecutivo brinda a los migrantes luego del acuerdo negociado entre Mulino y la actual Administración de los EE. UU. Adelantó que ese será otro de los reclamos de la protesta convocada para esta jornada.

A juicio de Eduardo Gil, secretario de Convergencia Sindical, los sindicatos y otras organizaciones han agotado todas las vías de diálogo sobre estos y otros problemas, y sus reclamos no han sido escuchados.

La víspera, tras varios días de presión popular, la Justicia liberó a 83 trabajadores que estaban recluidos en prisión luego de participar en la protesta del 12 de febrero pasado en la Avenida Balboa.

En esa fecha, la Policía reprimió a los manifestantes y provocó enfrentamientos. Desde el Suntracs denunciaron que los trabajadores sufrieron abusos y torturas mientras se hallaban en prisión.

Pese a las maniobras de la Fiscalía por imputar a los 83 trabajadores los mismos cargos, la jueza del caso no pudo sostener la acusación por falta de evidencia, por lo cual decidió liberarlos y les aplicó medidas cautelares de restricción de movimiento y presentaciones periódicas ante la Policía, entre otras.

A unas horas de la movilización de este jueves, ya se reportaron al menos dos amenazas desde el Ejecutivo. El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, declaró que no permitirán el cierre de calles.

Por su parte, la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, dijo que si se convoca a una huelga de advertencia -como han adelantado los gremios si no son escuchados- esta no sería por conflicto laboral y no estaría amparada por la ley.

Con cierres de calles continúan protestas en Panamá contra ley de seguro social