Los gremios magisteriales de Panamá mantienen una huelga indefinida iniciada el 23 de abril en rechazo a la Ley 462 de la Caja de Seguro Social (CSS), en un contexto de crecientes represalias gubernamentales.
Diógenes Sánchez, dirigente de la Asociación de Profesores, confirmó que los manifestantes exigen la derogación de dicha ley 462 y la anulación de un memorando de entendimiento con Estados Unidos, que consideran una afrenta a la soberanía nacional.
El partido en formación Frente Amplio por la Democracia (FAD) emitió un comunicado respaldando a los docentes y denunciando los efectos de las políticas neoliberales y la «profundización de la brecha de desigualdad» en el país.
El FAD acusó al gobierno de intentar entregar los ahorros de los trabajadores a la banca privada, ignorando la voluntad popular y los fallos de la Corte Suprema. También manifestaron su solidaridad con dirigentes como Jaime Caballero, Saúl Méndez y Genaro López, quienes, según el comunicado, han sido perseguidos con «falsas acusaciones».
— FAD Panamá ???????? (@FadPanama)May 26, 2025
En una muestra de apoyo a la causa y en condena a la Ley 462, el movimiento Mujeres por la soberanía, la justicia social, los derechos humanos y la paz realizó una marcha y concentración el domingo 25 de mayo en la Cinta Costera de la capital, con eco en varias provincias. Durante el mitin, también se rechazó la intención de reabrir proyectos mineros e hídricos que afectan territorios y comunidades.
Gran Marcha de Mujeres en Panamá, una gran participación en la ciudad de Panamá en las diversas provincias del país.#panamaessoberana#mujeres#JusticiaSocialParaTodos#NoMásViolencia#MujeresConDerechos#VocesDeMujer#SororidadUP#RompiendoBarreras#abajoley462pic.twitter.com/ZFDj39h0xR
— Instituto de la Mujer (IMUP) (@imuppanama)May 26, 2025
Las protestas, las más grandes desde las masivas manifestaciones de octubre y noviembre de 2023 contra la minería metálica a cielo abierto, han obligado a diputados a solicitar al jefe de Estado la apertura de un diálogo, una vía que, según los activistas, el gobierno panameño ha negado de manera constante, cita Telesur.
