Brutal represión en Ecuador deja decenas de heridos y 31 detenidos

Organizaciones sociales de Ecuador denunciaron este martes la brutal represión de la policía en la región de Otávalo causando heridas a más de 45 personas, y deteniendo alrededor de 31 ecuatorianos.

En este sentido, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) denunció que el Ejército y la Policía han lanzado granadas de impacto múltiple y explosivos a corta distancia contra la población movilizada.

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“Las detonaciones dentro de viviendas y espacios comunitarios dejan, hasta el momento, más de 40 heridos, varios de gravedad. Este es un ataque directo del Gobierno de Daniel Noboa contra el pueblo, que evidencia una política de guerra interna y represión brutal”, refirió.

De igual manera, reclamó la organización que se necesita presencia urgente de organismos de derechos humanos para frenar la masacre.

Sobre la represión en el cantón Otavalo, la CONAIE responsabilizó el Gobierno de Daniel Noboa, adjudicando que “ha convertido nuestras comunidades en zonas de guerra, utilizando gases, balas y violencia indiscriminada contra un pueblo que ejerce su derecho constitucional a la protesta”.

La CONAIE denunció además que las fuerzas combinadas de la Policía y el Ejército lanzaron bombas lacrimógenas y granadas que impactaron directamente al cuerpo de las personas afectando gravemente a niños, mujeres y personas mayores.

Al denunciar que la fuerza pública ha bloqueado el acceso a hospitales e incluso ha ingresado a centros de salud, la CONAIE exige cese total de la represión y retiro de las fuerzas militares y policiales del cantón Otavalo y de la provincia de Imbabura.

Exigen además atención médica urgente, imparcial y sin hostigamiento para todas las personas heridas, conforme a los estándares de la Cruz Roja Internacional y el derecho internacional humanitario.

Puntualizan la liberación inmediata de las personas detenidas y pleno respeto al debido proceso, la investigación independiente e imparcial sobre los abusos cometidos por la fuerza pública, con sanción a los responsables políticos y operativos y la presencia urgente de organismos internacionales de derechos humanos (CIDH, ONU, ACNUDH) para documentar y verificar las violaciones ocurridas.

La Alianza por los Derechos Humanos en Ecuador, además de advertir el riesgo creciente a la integridad, la vida y la salud física y psicológica de la población, expuesta no solo a perdigones y gases, sino también al terror colectivo que busca desmovilizar el ejercicio legítimo del derecho a la protesta, recordó a todos los involucrados en este ataque militar a la población civil que las graves violaciones de derechos humanos no prescriben. Como organizaciones de derechos humanos, seguiremos exigiendo que los responsables rindan cuentas ante la justicia.

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) denuncian que los militares están entrando a hospitales para llevarse a las personas heridas.

“Negar atención médica y realizar detenciones en espacios de salud, viola derechos fundamentales y tratados internacionales de derechos humanos”, advirtió.

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