La presidenta (E) de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, solicitó formalmente este miércoles, durante su mensaje a la Nación, al Parlamento venezolano la reforma de las leyes relativas al mercado inmobiliario.
Esta medida surge ante la estimación de que medio millón de viviendas se encuentran congeladas en la actualidad; el objetivo es incorporarlas al mercado bajo garantías del Estado para facilitar el acceso de la juventud a la vivienda.
“Se estima que medio millón de viviendas están congeladas; yo pido que se pongan a disposición del mercado inmobiliario y que a quienes vayan al mercado inmobiliario se les brinden las garantías del Estado venezolano”, sostuvo la jefa de Estado (E).
Reiteró que estas reformas son necesarias para que aquellos que han formado nuevas familias puedan acceder a un inmueble, al mercado de renta.
Consejo Nacional de Economía Productiva
Durante su mensaje a la Nación, la jefa de Estado encargada dispuso instalar de forma inmediata el Consejo Nacional de Economía para recibir propuestas que permitan la creación de un nuevo modelo tributario eficiente, con el impulso de plataformas tecnológicas que permiten el avance a un nivel superior.
Asimismo, Rodríguez instó a construir una nueva institucionalidad del Estado: «un Estado digital, transparente, moderno, eficiente y profesional. Convoco a los jóvenes a incorporarse a este esfuerzo, e invito a los que migraron buscando mejores opciones de vida».
En este sentido, anunció la creación de una comisión que determine la naturaleza estratégica o no de los activos del Estado. La misma estará conformada por: El Estado, el sector privado y el poder popular. Asimismo, aclaró que la industria de los hidrocarburos queda excluida de este proceso de evaluación, dado que este sector se regirá estrictamente bajo lo establecido en la nueva ley vigente.
Esta instancia tendrá la responsabilidad de evaluar y acordar cuáles activos deben permanecer bajo control directo de la nación y cuáles, por su naturaleza, no entran en dicha categoría.
Con esta medida, el Ejecutivo busca transformar la recuperación de activos en bienestar directo para la población, mediante el fortalecimiento de los servicios fundamentales que garantizan la calidad de vida de los venezolanos.
Informó que, una vez cese el bloqueo económico contra la nación bolivariana, los recursos serán destinados al impulso productivo de la industria de hidrocarburos para garantizar incrementos salariales a las trabajadoras y trabajadores, así como la rehabilitación de la infraestructura de servicios básicos.
Mencionó que la recuperación de los activos y recursos bloqueados en el extranjero, que pertenecen al pueblo de Venezuela, se destinará inmediatamente al impulso productivo de las industrias energética y minera.
Igualmente, estos tendrán un impacto directo en la calidad de vida de los ciudadanos y en la operatividad de los servicios públicos a través de los dos fondos soberanos creados este año.
Por otro lado, descartó categóricamente cualquier intento de venta de la principal industria del país y aseguró que la gestión de los recursos energéticos se mantendrá bajo estricto control nacional y bajo la aplicación de la nueva Ley de Hidrocarburos.
“Quienes en sueños aspiran a la privatización, por ejemplo, de PDVSA para entregarla a los poderes transnacionales, sencillamente están equivocados y se encontrarán con la fortaleza de un pueblo decidido a defender sus recursos estratégicos”, sentenció.
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