En Haití denuncian contratos millonarios entre el Gobierno y multinacionales

«Una gran desgracia que amenaza la existencia de la nación haitiana». En estos términos, más de 120 organizaciones y personalidades haitianas llamaron a crear un frente popular y progresista de resistencia patriótica. En una declaración conjunta, alertaron contra el proyecto de destrucción del Estado puesto en marcha por las élites del país que, según el documento, atienden más los intereses de potencias extranjeras que los de la propia población.

«Todas las decisiones que se han tomado van en el sentido de reforzar el control extranjero en el país, al tiempo que se implementan todo tipo de mecanismos para dividir a la sociedad, expulsar a la población de sus barrios, masacrarla para impedir su participación en las decisiones que atañen a la vida y al futuro de la nación», diagnostica el texto firmado colectivamente por entidades nacionales y locales.

Los autores también llaman la atención sobre el contexto geopolítico de imperialismo descarado de Estados Unidos, que acaba normalizando ciertas prácticas de injerencia que antes se llevaban a cabo de forma encubierta: «el contexto internacional, al igual que el caos programado en el país, han hecho caer todas las máscaras».

En el centro de los debates y las preocupaciones se encuentran tres contratos firmados por el primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, con multinacionales. El primero permite la construcción de centros penitenciarios en territorio haitiano, comprometiendo al Estado a desembolsar hasta 6.000 millones de dólares a lo largo de 50 años. Los otros dos otorgan a empresas vinculadas al mercenario Erik Prince la responsabilidad del control de las fronteras, la recaudación de impuestos sobre importaciones y la seguridad interna.

El caso de Erik Prince

La revelación sobre los contratos se debe al trabajo de investigación de la fundación «Je Klere» [Ojos Brillantes], de defensa de los derechos humanos. En un informe de 12 páginas publicado a principios de marzo, la entidad haitiana sacó a la luz un tema que alimentaba los rumores de la prensa internacional desde hacía casi un año: la relación del Gobierno con Erik Prince y la contratación de mercenarios extranjeros para resolver la crisis de seguridad que atraviesa el país.

En agosto de 2025, el mercenario estadounidense, acusado de múltiples crímenes contra civiles en Irak, declaró a la prensa que había firmado un contrato de 10 años con representantes haitianos. El Consejo Presidencial de Transición (CPT), que entonces dirigía el poder ejecutivo en Haití, negaba cualquier implicación en el asunto. Hoy sabemos que la empresa Windward Wyoming LLC, vinculada a Erik Prince y con sede en los Emiratos Árabes Unidos, opera desde marzo de 2025 en el territorio con drones y soldados, y que ya se han desembolsado más de 30 millones de dólares de las arcas del Estado para su financiación.

Del mismo modo, sabemos que, un año después, la situación de la seguridad prácticamente no ha mejorado en el país, que las principales carreteras siguen controladas por las bandas y que el aeropuerto de Puerto Príncipe sigue sin estar en condiciones de recibir vuelos comerciales. Sobre este punto también, las organizaciones haitianas levantan su voz: «¿Qué resultado nos han dado? Cero a la izquierda. El principal método que utilizan es enviar drones kamikazes a los territorios ocupados por las pandillas, sin tener en cuenta a los vecinos inocentes», denuncian en su comunicado.

A pesar de este balance negativo, las negociaciones con Prince fueron más allá y culminaron en otro contrato, firmado el 4 de febrero de este año. Este prevé la «reestructuración y modernización global de los servicios de aduanas e inmigración de la República de Haití, con el objetivo de reforzar la seguridad de las fronteras y optimizar los ingresos fiscales y aduaneros».

De forma práctica, el Estado deberá abonar un primer pago de 13 millones de dólares para poner en marcha la operación. A partir de entonces, la empresa cobrará un porcentaje sobre los ingresos aduaneros. Según el informe de la fundación Je Klere, los beneficios de la multinacional podrían superar los mil millones de dólares en un periodo de 10 años.

Contratos «leoninos»

El otro documento que llamó la atención de los investigadores se firmó el 15 de diciembre de 2025 y se refiere a la construcción de tres centros penitenciarios ultramodernos en territorio haitiano, seguramente inspirados en el modelo del Centro de Confinamiento de Terroristas (Cecot) de El Salvador, tristemente famoso por acoger a migrantes deportados por la Administración de Donald Trump. La empresa contratista, Metric Facility SA, tiene su sede en Estados Unidos. Deberá asumir una inversión inicial de 25 millones de dólares y pasará después a cobrar del Estado haitiano 22 dólares por preso y por día, durante 50 años.

Multiplicando esta cifra por la capacidad de las tres prisiones —15.000 personas— llegamos a la cifra de 6.000 millones de dólares que podrían salir de las finanzas del Estado a lo largo de las próximas décadas. La fundación Je Klere añade que este «se compromete a pagar por una ocupación mínima del 75 % de cada centro penitenciario puesto a disposición (aunque no haya reclusos)». En otras palabras, no hay ningún riesgo para la empresa, pero sí una deuda segura y gigantesca para Haití.

Más allá de la falta de transparencia, de consulta popular o parlamentaria, o de las dudas sobre los intereses que se esconden tras esos tres acuerdos que el informe califica de «leoninos», surge la cuestión de la propia legitimidad de un Gobierno provisional, no elegido y formado de manera inconstitucional, para asumir compromisos a largo plazo en nombre del Estado haitiano.

«En un período de crisis, ¿estarían las autoridades de facto facultadas para comprometer al Estado de manera duradera en acuerdos internacionales que cuestionan las prerrogativas de soberanía consagradas por la Constitución y las Leyes de la República?», se preguntan los pesquisadores de la fundación Je Klere.

Al plantear estas mismas preguntas, el comunicado de las 120 organizaciones no duda en relacionar estos acuerdos ilegales con el apoyo declarado de Estados Unidos al actual Gobierno. Vale recordar que el 7 de febrero de este año, mientras concluía el mandato del Consejo Presidencial de Transición (CPT), tres buques de guerra estadounidenses atracaron en la bahía de Puerto Príncipe para garantizar la permanencia del primer ministro Alix Didier Fils-Aimé. El mismo que estuvo en el origen de esos contratos y que sigue dirigiendo el país, sin cualquier base de democracia.

Fuente: Telesur

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