Agricultura intensiva. Relación desigualdad. Lavado de cara verde. Inseguridad alimentaria. Deforestación. Vulneraciones de derechos humanos. Son parte de la cara B del acuerdo Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), según denuncian centenares de organizaciones de la sociedad civil.
Ratificar el macropacto birregional será una de las prioridades de la Presidencia española del Consejo de la UE, que echa a rodar el próximo 1 de julio.
La UE y Mercosur cerraron en 2019 las negociaciones del macroacuerdo comercial tras 20 años. Unas discusiones que fueron muy criticadas por su opacidad y por la falta de transparencia. Y que culminaron sin un informe sobre impacto medioambiental.
El pacto se proyecta desde entonces como la piedra angular de un cambio de paradigma en las relaciones entre América Latina y Europa que reequilibra el comercio de dos bloques que aúnan a más 780 millones de personas y que rebajaría aranceles por valor de 4.000 millones de euros para los exportadores europeos.
Desde el Gobierno español lo defienden como un tratado de gran importancia desde el punto de vista «político, económico, comercial y estratégico». Es el mayor acuerdo comercial forjado en la historia del bloque comunitario.
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— Parlamento MERCOSUR (@PARLASUR) May 10, 2023
Pero tras el júbilo inicial llegó el impasse. El aterrizaje del ultraderechista Jair Bolsonaro en Brasil y sus desmanes contra la selva amazónica lo paralizaron en seco, a pesar de haberse cerrado con el ultra ya en el poder.
«La Comisión Europea y líderes como Sánchez defendieron que tras 20 años ese era el momento de cerrar el acuerdo, con Bolsonaro en Brasil y con Macri en Argentina. Ahora todo el mundo dice que apoya a Lula, pero muchos lideres y poderes empresariales, gran parte del Ibex 35, apoyó claramente la presidencia de Bolsonaro en Brasil», recuerda Tom Kucharz, activista de Ecologistas en Acción, en conversación con Público.
«A veces la memoria es muy corta. La burguesía y ciertas élites apostaron por la derecha y la ultraderecha latina», añade.
La cara B del acuerdo UE-Mercosur
Hace unos días, más de 170 organizaciones de Europa y América Latina publicaron un comunicado en contra del acuerdo. El manifiesto, que suscriben entidades como Amigos de la Tierra o Ecologistas en Acción, denuncia que el pacto UE-Mercosur tiene por objetivo aumentar las exportaciones de productos como la soja.
Dichos productos, afirman, contribuyen a una mayor deforestación, emisiones de gases de efecto invernadero, violaciones de los derechos humanos, uso de pesticidas tóxicos, inseguridad alimentaria, pérdida de puestos de trabajo y sufrimiento animal.
Como alternativa, abogan por un tratado que sostenga la relación comercial de ambos bloques de igual a igual dejando atrás «las lógicas coloniales en las que América Latina queda relegada a exportar materias primas para satisfacer los intereses empresariales de la UE».
Proponen, por ello, un acuerdo que se tabique en torno a cinco pilares: la cooperación, igualdad, democracia, solidaridad y sostenibilidad. La pata ecológica es una de las más controvertidas del acuerdo UE-Mercosur.
La lucha contra el cambio climático es uno de los buques insignia de la Comisión Von der Leyen, que busca convertir a Europa en el primer continente neutralmente climático en 2050. Pero los estándares medioambientales rigurosos no se aplican al otro lado.
El informe El comercio entre ambos bloques agrava la violencia, las desigualdades, la crisis de los derechos humanos y la emergencia ambiental está apoyado por la oficina de Miguel Urbán, eurodiputado de Anticapitalistas, y dirigido por Kucharz.
Denuncia que la tala de bosques, la destrucción del hábitat natural o la pérdida de sumideros en Brasil, Argentina o Paraguay para producir materias primas tendrá un efecto devastador sobre la naturaleza en estas regiones, ya muy amenazadas por el cambio climático.
«Los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París, en la Agenda 2030 o en el Pacto Verde Europeo estarían tan amenazados con la firma de este acuerdo con Mercosur como la propia Amazonía», denuncia Urbán.
Consecuencias en tiempos de las peores sequías
Entretanto, España vive una situación dramática acuciada por la escasez de lluvias y las inusuales altas temperaturas. Abril fue el mes más caluroso desde que se tienen registros.
Las tierras de cultivo agotan y se han perdido miles de hectáreas de cultivos, los embalses se están vaciando y las reservas hídricas se encuentran ya a la mitad de su capacidad.
«Este acuerdo comercial va a acelerar la expansión de la ganadería industrial en nuestro país, un modelo enormemente depredador de recursos hídricos en un contexto de sequía», afirma Andrés Muñoz Rico, responsable de Soberanía Alimentaria de Amigos de la Tierra.
«También va a potenciar la producción de monocultivos como la soja, la caña de azúcar o la carne de res en los países del Mercosur, lo que va en contra del reglamento contra la deforestación, recientemente acordado por la UE y apoyado por el Gobierno de España», recrimina.
En clave geopolítica
España ha estado a la cabeza de las negociaciones y es uno de los principales valedores del acuerdo –que necesita la ratificación de los parlamentos nacionales de los 31 países implicados- en la mesa del Consejo Europeo.
Por eso, su puesta en marcha será una de las prioridades de la Presidencia española de la UE, que se desarrollará durante el último semestre del año.
A su paso por Madrid el mes pasado, Lula y el presidente español, Pedro Sánchez, se instaron a intentar impulsarlo en lo que resta de año. Por lo pronto, durante la cumbre UE-CELAC de julio no se ratificarán ninguno de los acuerdos pendientes con la región: ni Chile, ni México, ni Mercosur.
América Latina, históricamente olvidada en Bruselas, es una de las regiones que más ha despertado el apetito en la capital comunitaria. Por varias razones. Entre ellas, que China es cada vez un actor más presente en la región. Sus inversiones y relaciones diplomáticas con los latinoamericanos no dejan de crecer.
El gigante asiático es ya el mayor socio comercial de Mercosur. Fuentes europeas inciden en este aspecto: «Si este acuerdo no se ratifica, su lugar lo ocupará otro chino».
La región es un terreno muy rico en recursos minerales y materias primas, el oro codiciado del siglo XXI, después de que la pandemia del coronavirus y la guerra en Ucrania hayan hecho tambalear las cadenas de suministro.
Las últimas palabras de Lula flirteando con China y culpando a Occidente de alimentar la guerra en Ucrania generaron nerviosismo en una Bruselas temerosa de que la relación se enfriase, y, con ella, el acuerdo Mecosur.
«En el Gobierno de Brasil hay las dos posturas: un alma más neoliberal y funcionarios que trabajaban con todos los gobiernos y que apuestan por ese tipo de acuerdo. Y el alma que aboga por el regionalismo cooperativo e industrialización interna en lugar de generar dependencias con EEUU, la UE o China», explica Kucharz.
«En el Gobierno de Lula conviven ambas posturas y no hay posición definida. Lula sabe muy bien qué decir en cada momento para mantener relaciones diplomáticas. Y sabe que es importante mantener su relación con PSOE y el apoyo de la UE», analiza el experto, que desliza la posibilidad de que Brasilia presente un nuevo acuerdo, distanciándose del que negoció el ultra Bolsonaro.
Relación asimétrica
Además, la combinación de una inflación disparada, sequías históricas y pérdida del poder adquisitivo está dejando al mundo rural europeo como uno de los actores más expuestos de la policrisis actual.
Las protestas de ganaderos y agricultores se extienden por las capitales comunitarias. Y están protagonizando un papel clave en las elecciones.
En Países Bajos, el partido de los campesinos ganó los últimos comicios municipales. Y Polonia y Hungría vetaron la entrada de grano ucraniano en su territorio tras las manifestaciones de sus agricultores.
En este contexto, no sería descabellado que la resistencia a Mercosur –con su consecuente entrada de productos ganaderos en el mercado interior- se incrementase en las capitales europeas.
T/Diario Público/LRDS
