La abogada Sonia Vera, parte del equipo legal del exvicegobernante, señaló en su cuenta de X que existe una operación judicial destinada a encubrir contradicciones internas y desviar la atención sobre señalamientos previos hechos por la viuda de Villavicencio, Verónica Sarauz.

“Denuncio ante el país y la comunidad internacional un acto de encubrimiento entre la fiscal general, Diana Salazar, y el presidente Daniel Noboa, quienes están dejando en total impunidad el asesinato de Fernando”, declaró Sarauz en abril pasado.

Según reveló Vera, la nueva acusación contra Glas y otros políticos ligados al correísmo —entre ellos el exministro José Serrano y el exasambleísta Ronny Aleaga— se basa en la declaración de Lenín Vimos, abogado vinculado al grupo criminal Los Lobos y condenado en el Caso Plaga.

La abogada sostiene que no existe ninguna prueba material que respalde esta versión: ni audios, ni registros, ni testigos independientes.

“Este caso no es justicia: es una operación política disfrazada de proceso penal”, señaló y advirtió que la Fiscalía buscaría legalizar el testimonio mediante una figura de “cooperación eficaz”.

Defensa de Glas calificó el caso como estrategia de judicialización

La defensa de Glas calificó el caso como una estrategia de judicialización de la oposición y alertó a la comunidad internacional sobre un uso arbitrario del aparato penal para eliminar adversarios políticos, mientras la Fiscalía elude esclarecer el magnicidio de Villavicencio. El crimen ocurrió el 9 de agosto de 2023 a la salida de un mitin de campaña y si bien en 2024 cinco sicarios fueron sentenciados, aún no se ha logrado establecer quién dio la orden y financió el atentado.

Esta semana, la abogada Vera denunció que a Glas, que está detenido en la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, lo incluyeron en el caso de Villavicencio “violando su derecho a la presunción de inocencia y usando el poder penal como herramienta de persecución política”.

El exvicepresidente, que es considerado uno de los símbolos de la persecución judicial o lawfare en Ecuador, recibió de forma temporal la prelibertad el 28 de noviembre de 2022 luego de la unificación de dos penas de cárcel de seis y ocho años por los casos Odebrecht y Sobornos, sin embargo, la medida fue revocada.

A inicios de este año, la justicia ordenó su captura por presunto peculado en el caso Reconstrucción de Manabí.

Estuvo en la embajada de México en Quito desde diciembre de 2023 hasta el 5 de abril de 2024, día en que policías entraron violentamente y sin autorización en la legación diplomática y lo aprehendieron pese a contar con asilo por parte del entonces Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ha reiterado en varias ocasiones la negativa a entregarle el salvoconducto, pese a su condición de asilado, pues considera que debe cumplir pena por supuestos delitos cometidos en el territorio nacional.

Ecuador reitera negativa a salvoconducto para exvicepresidente Jorge Glas