La Justicia de Argentina ordenó este miércoles detener el proyecto petrolero offshore Sea Lion, que las empresas Navitas («Israel») y Rockhopper (Reino Unido) desarrollan en las islas Malvinas, territorio que el país reclama desde 1833.
Freno judicial al avance del proyecto
La jueza federal Mariel Borruto admitió una medida cautelar presentada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y el Centro de Excombatientes de las Malvinas de La Plata (CECIM), prohibiendo a las compañías iniciar, continuar o ejecutar cualquier obra vinculada al proyecto.
Esta medida alcanza la perforación del lecho marino, la instalación de infraestructura submarina, conductos, sistemas de fondeo, unidades flotantes de producción y almacenamiento, además de obras terrestres y portuarias.
La restricción permanecerá vigente hasta que se complete el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ante la autoridad nacional, conforme a la Ley General del Ambiente, o hasta que el tribunal disponga lo contrario.
El juzgado exigió a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production que entreguen información detallada sobre el estado actual de las obras, cronogramas, nómina de contratistas, entidades financieras, aseguradoras y los estudios ambientales realizados.
Tensiones por soberanía y licencias británicas
El proyecto, previsto para comenzar a producir crudo en 2028, se ubica en la cuenca Malvinas norte, a 220 kilómetros del archipiélago, en un área que Argentina considera parte de su plataforma continental y del litigio histórico por la soberanía.
La acción judicial se suma a una denuncia penal presentada el 8 de septiembre ante el juez federal Julián Ercolini en Buenos Aires por parte del Gobierno argentino contra las petroleras operantes en el archipiélago.
Frente a estas medidas, Navitas sostuvo en un comunicado que sus operaciones se rigen por licencias «válidas, otorgadas legalmente por el gobierno de las islas Malvinas» y que no prevé impactos significativos en el desarrollo de la iniciativa.
El Reino Unido, en una guía titulada “Haciendo negocios con las islas Malvinas”, afirmó que Argentina carece de jurisdicción para aplicar su legislación en el territorio y sostuvo que no existe fundamento para que tribunales fuera de ese país ejerzan jurisdicción sobre estas medidas.
La demanda en Río Grande se apoya en dos ejes: la falta de evaluaciones ambientales y autorizaciones exigidas por la normativa argentina, y la violación de resoluciones de Naciones Unidas que instan a evitar acciones unilaterales en áreas en disputa.
Almayadeen
