Según TV Globo, la decisión de De Moraes solo afecta al exmandatario ultraderechista y no a otros penados por la trama violenta después de las elecciones general de 2022.

Bolsonaro fue condenado a 27 años y tres meses de cárcel por liderar una conspiración golpista para intentar mantenerse en el poder, a pesar de su derrota en urnas ante el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El excapitán del Ejército cumplía arresto domiciliario desde el 4 de agosto por violar medidas cautelares.

Los abogados de Bolsonaro declararon a TV Globo que, a las 06:40, hora local, aún no habían sido informados del arresto del exgobernante.

Imágenes televisivas mostraron coches de la PF cuando llegaron al condominio donde vive Bolsonaro en Brasilia alrededor de las 06:00, hora local, y se marcharon aproximadamente media hora después.

El exjefe de Estado fue trasladado directamente a la jefatura de la PF en el Distrito Federal.

Aún no se han agotado los recursos a disposición de la defensa del expresidente para intentar reducir la pena o revisar cualquier inconsistencia en la decisión de los ministros de la primera sala del STF.

El staff jurídico de Bolsonaro apeló la decisión

El staff jurídico de Bolsonaro apeló la decisión de ese panel, argumentando que la condena se basó en pruebas débiles y contradicciones en la sentencia, y que Bolsonaro no tuvo participación directa en los hechos señalados por la Fiscalía General.

Los abogados penalistas Celso Vilardi y Paulo Cunha Bueno argumentaron en la apelación que la decisión del tribunal causó «profundas injusticias» porque, entre otras razones, restringió el derecho a la defensa y condenó al expresidente, pese a haberse «retirado voluntariamente» del golpe.

En el juicio concluido el 11 de septiembre, cuatro de los cinco ministros de la primera sala declararon a Bolsonaro culpable de los delitos de organización criminal, golpe de Estado, abolición del Estado Democrático de Derecho, daños agravados y deterioro del patrimonio histórico.

Un único voto en contra de la condena fue del juez Luiz Fux, quien, a principios de noviembre, solicitó su traslado al segundo panel del STF.

Desde entonces, las decisiones del juzgado han sido tomadas por De Moraes y los magistrados Flávio Dino, Carmen Lúcia Antunes y Cristiano Zanin, debido a la solicitud de jubilación del letrado Luís Roberto Barroso.