Chile: senadores de izquierda critican la aprobación de reforma económica de Kast
Desde la centro-izquierda y la izquierda catalogaron la jornada como un duro golpe para el financiamiento del Estado

En una maratónica sesión que se extendió hasta la madrugada de este jueves 16 de julio, el bloque oficialista en el Senado logró imponer su estrecha mayoría de 26 votos contra 24 votos de la izquierda, despachando así su tercer trámite la polémica reforma económica del Gobierno de José Antonio Kast.
Desde la centro-izquierda y la izquierda catalogaron la jornada como un duro golpe para el financiamiento del Estado, alertando que las medidas aprobadas son regresivas, benefician principalmente a los sectores de mayores ingresos y merman gravemente los recursos necesarios para salud, educación y vivienda.
El proyecto, que ahora pasa a la Cámara de Diputados, donde la derecha cuenta con mayoría, enfrenta un camino cuesta arriba en términos de legitimidad social: un 56 por ciento de la ciudadanía rechaza la rebaja de impuestos empresariales según la encuesta Cadem, mientras el propio Gobierno ha tenido que sincerar a la baja sus expectativas de crecimiento para el término de su mandato.
Durante el debate en particular, senadores de oposición expusieron con fuerza cómo las normas estructurales del proyecto debilitan la recaudación fiscal y favorecen la concentración de la riqueza al incluir la reducción gradual del Impuesto de Primera Categoría (IDPC) del 27 al 23 por ciento para las grandes empresas. La senadora Beatriz Sánchez (Frente Amplio) puso la alarma sobre el costo de este beneficio.
«Cada punto que de rebaja son 420 millones de dólares menos para la recaudación del Estado», alertó la senadora, destacando que los fondos que dejarán de ir a políticas sociales de primera necesidad.
Asimismo, el proyecto también aprueba congelar el régimen impositivo hasta por 20 años para grandes capitales que superen los 350 millones de dólares. El debate de esta norma estuvo marcado por la indignación opositora tras revelarse que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, intentó beneficiar aún más a las empresas bajando la tasa al 22 por ciento a espaldas del Congreso.
Esto provocó que los senadores Loreto Carvajal, Ricardo Celis y Pedro Araya bajaran su respaldo, acusando «impericia» y falta de transparencia del ministro.
Uno de los puntos más cuestionados fue la restitución de gastos estatales a empresas cuyos proyectos de inversión sean revocados judicialmente tras haber obtenido una Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
Senadores de la centro-izquierda denunciaron que se trata de una medida «única en el mundo, absolutamente irregular y con fallas jurídicas evidentes».
Por su parte, la senadora Yasna Provoste (DC) arremetió con dureza contra la repatriación de capitales incluida en el texto, tildándola derechamente de «amnistía tributaria».
Para la parlamentaria, la medida «premia a aquellos que ocultan, que sacan bienes, que sacan recursos fuera del país, desconociendo además de dónde los obtuvieron», en desmedro de los contribuyentes que sí cumplen con sus obligaciones.
Empujar la agenda social en un proyecto de derecha
A pesar del diseño proempresarial de la reforma, las bancadas de centro-izquierda e izquierda lograron incorporar y aprobar tres indicaciones clave dirigidas a proteger a las familias y trabajadores, sorteando las amenazas del Ejecutivo de recurrir al Tribunal Constitucional.
Entre ellos se encuentra la indicación del Frente Amplio que elimina la regla que limitaba la obligación de sala cuna solo a aquellas empresas que contrataran a 20 o más mujeres, abriendo el beneficio de forma equitativa.
La prohibición expresa del cobro de anatocismo en operaciones financieras para evitar el sobreendeudamiento de los sectores populares.
Así como la obligación de borrar de los registros comerciales e históricos las deudas impagas o extinguidas de personas naturales una vez que el compromiso expire o sea saldado.
Descontento ciudadano y advertencias internacionales
La aprobación de esta reforma profundiza la desconexión del gobierno con la ciudadanía. Mientras la popularidad de Kast continúa en caída y las proyecciones de crecimiento oficial se reajustaron a la baja (de un 4 a un 3,5 por ciento hacia 2030), la percepción en las calles de Santiago es de desconfianza.
«No vale mucho la pena. Aunque pueda haber más inversión, igual es importante que el Estado tenga recursos para salud, educación y otros beneficios«, comentó Ariela Jofré, una ayudante de cocina de 21 años en declaraciones a la prensa.
Incluso organismos internacionales han respaldado implícitamente los temores de la izquierda. El propio Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que la implementación de esta reforma ejercerá una presión considerable y peligrosa sobre las cuentas fiscales chilenas.
La senadora Claudia Pascual (PC) reafirmó que el sector no dará la batalla por perdida y confirmó que ya se encuentran estudiando diversas reservas de constitucionalidad para impugnar ante los tribunales los vicios del proyecto.
«Es un día triste. Es el día negro de las arcas fiscales, vamos a retroceder», sentenció.
Fuente: Telesur





