“Ya no hay nada más que esperar de esta clase política que está podrida. Solo la ciudadanía organizada y movilizada podrá recuperar la democracia y poner por delante la vida y la dignidad de la gente. #VacarlosATodos”, este es el menaje divulgado por la lideresa de la izquierda peruana Verónika Mendoza, en torno a la reciente destitución de Martín Vizcarra, a través del mecanismo constitucional llamado “vacancia”.
“En democracia somos los ciudadanos los que debemos elegir a través del voto a los gobernantes, no unos congresistas que solo buscan inmunidad y perpetuarse en el poder, ajenos a la crisis sanitaria y económica que golpea a la gente”, prosiguió Mendoza.
¿Vacarlos a todos?, los señalamientos de Veronika Mendoza no significa un respaldo a las políticas de Vizcarra, son la expresión de la profunda fractura política existente en Perú. Son señalamientos que denuncian que el modelo político del país se encuentra agotado.
Es por ello que la principal propuesta de Mendoza como candidata presidencial para los comicios que deberán celebrarse en abril del próximo año, es conducir al Perú a un proceso de Asamblea Nacional Constituyente originaria, que transforme al Estado y cambie sus desgastadas bases.
Tres presidentes en 5 años
Aunque Perú no ha logrado superar el récord regional de Argentina de 5 presidentes en una semana, su marca de 3 presidentes en 5 años debe estar entre las más sorprendentes en nuestra América Latina.
Recordemos que la historia comenzó con la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, quien se fue luego de superar una primera moción de vacancia y al ver que la segunda moción prosperaría decidió abandonar el barco. Vizcarra era su vicepresidente y por tanto asumió en el 2017 la presidencia peruana.
Sobre Kuczynski pesó la revelación de testimonios de la empresa brasileña Odebrecht que confirmaron varios pagos a empresas del mandatario cuando ejerció como ministro del prófugo Toledo, quien precisamente es acusado de recibir pagos de la nombrada empresa.
Por el mismo motivo de incapacidad moral sale de la presidencia Vizcarra, casi tres años después y con una votación abrumadora por parte de los congresistas.
No hay que olvidar, que el récord peruano en torno a sus más recientes mandatarios, refleja de forma vehemente, la descomposición política de la que hablábamos a inicio del este texto.
En Perú la prisión ha signado el destino de varios de sus expresidentes. Ollanta Humala estuvo en prisión por hechos de corrupción. Alejandro Toledo fue detenido en 2019 por mandato de extradición al Perú, en marzo de 2020 se le concedió la libertad bajo fianza
El exdictador Alberto Fujimori también se encuentra en prisión domiciliaria por ilícitos bajo su mandato y Alan García se suicidó luego de que una investigación sobre ilícitos en su mandato lo llevara también a un pena firme de prisión.
Se trata entonces del cuestionamiento general, con escasas excepciones, a quienes han gobernado el Perú en los últimos 35 años. Involucran a casi todo el arco político peruano, incluso a sectores de la centroizquierda como los que estuvieron detrás de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán.
Perú vive una permanente agonía política de su dirigencia. La derecha se ha vestido con diversas máscaras para repartirse el botín en las últimas 4 décadas, pero ninguno ha escapado de la fatalidad de que les alcance tapar todas las bocas e intereses. La corrupción es un signo común, así como el chantaje, el uso discrecional de los poderes públicos e incluso de las Fuerzas Armadas.
La trampa de Vizcarra
Algunos medios de prensa en Perú y sectores políticos han calificado la destitución parlamentaria de Vizcarra como un “golpe de estado”.
“Tras el golpe de Estado y destitución de Martín Vizcarra Cornejo, el titular del Congreso asumió el cargo. La moción de vacancia fue aprobada con el voto a favor de 105 parlamentarios”, dice por ejemplo el diario La República en uno de sus sumarios sobre la crisis política.
También resalta La República el contexto militar peruano. Durante las últimas semanas los medios habían especulado sobre presuntos mandos de las Fuerzas Armadas que estarían coordinando con sectores políticos la moción de vacancia contra el ahora exmandatario.
En septiembre, el portal de investigación IDL-Reporteros señaló que Merino se comunicó con varios mandos militares para notificarles que se iniciaría el proceso de vacancia, un hecho inusual dentro del funcionamiento del Estado peruano. El trabajo periodístico se tituló “Tocando la puerta de los cuarteles”.
Al enfrentar la moción de vacancia, Vizcarra acusó a factores políticos, de promover la destitución sacarlo para retrasar las elecciones de 2021 y así prolongar su mandato en el Congreso.
No obstante, el hasta entonces presidente del Congreso y militante del partido Acción Popular, Manuel Merino asumió este 10 de noviembre la presidencia de Perú y aseveró que su primer compromiso era garantizar el proceso electoral en marcha.
Para aprobar la destitución de Vizcarra, sus adversario acudieron a un viejo expediente, se le acusó de haber recibido sobornos mientras ejercía como gobernador del departamento de Moquegua en el año 2014 ¡hace 6 años!. Sin duda que la vacancia en realidad parece un juicio político sumarial. ¿Por qué la fiscalía no actuó durante tanto tiempo y de inmediato lo hace el Congreso?
El origen de todo habría que buscarlo en la guerra de poder que sostienen en los últimos 5 años dentro de la derecha peruana, la tradicional, la que se presume emergente (como la representaba Vizcarra) y la fujimorista, asociada a la dictadura.
En este caso la vieja derecha tradicional y los fujimoristas han hecho una sincronía perfecta de la trama. No quiere decir que Vizcarra sea inocente, es más la postura de la izquierda peruana era que la fiscalía avanzara con la investigación, pero que finalizara su mandato.
En lo ideológico y en su posicionamiento político no hay mayor cosa de diferencia entre lo que representa Vizcarra y la mayoría de quienes lo destituyeron, excepto la bancada del Frente Amplio, que votó a favor de la vacancia, pero se encuentra a la izquierda en el espectro político.
Los mismos de ayer
El partido del nuevo mandatario Merino, Acción Popular es uno de los más antiguos que sobreviven en Perú, una organización fundada por una de las familias políticas insignia de la oligarquía peruana: los Belaúnde Terry.
Su poder nace de convulsos eventos en 1962, cuando las Fuerzas Armadas desconocieron el aparente triunfo de Haya de la Torre, líder del APRA y luego una comisión comprobara un presunto fraude.
En 1963 se efectúan nuevas elecciones y resulta triunfador el fundador de Acción Popular, Fernando Belaúnde Terry. Desde entonces esta organización política es una de las que por más tiempo ha gobernado a Perú en las últimas décadas. Más tarde fueron los primeros opositores al gobierno militar progresista liderado por Juan Velasco Alvarado.
En 1980, Belaúnde volvió al gobierno y se encargó de echar marcha atrás a todas las medidas de avanzada a favor de las grandes mayorías aprobadas por el gobierno de Velasco Alvarado.
En las elecciones de 2016, el candidato de Acción Popular apenas alcanzó 6,95%. En las parlamentarias efectuadas este año, superaron por escaso margen el 10 por ciento de los votos. Hoy son el partido de gobierno en Perú.
Lo que viene
En un escario político turbio y atomizado los peruanos deberán elegir a un nuevo presidente en abril del próximo, si es que no hay sorpresas. La propia composición del Congreso refleja un complicado rompecabezas. Los partidos tradicionales diluidos y la derecha picada en varios sectores.
En las calles de Lima y de las principales ciudades peruanas se han levantado multitudinarias protestas contra el gobierno de Merino, se lle en los carteles: ¡que se vayan todos!
Lo que ejecutó la ultraderecha por este días para hacerse con el poder, pudiera ser la chispa que encienda los cambios en Perú, un país donde según las encuestas la mayoría de la población quiere una nueva constitución y un nuevo modelo político. Esa es precisamente la propuesta de Verónika Mendoza.
T/ Chevige González Marcó/ LRDS
