Organizaciones internacionales y de Argentina, incluyendo el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), SiPreBA, Fopea y Amnistía Internacional, denunciaron la campaña de hostigamiento contra la prensa orquestada por el Gobierno del presidente Javier Milei, en el marco de una audiencia pública como parte del 194 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizada este miércoles en la Universidad de Miami.

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La audiencia fue impulsada por testimonios de periodistas y representantes sindicales que documentaron una campaña planificada de hostigamiento contra los trabajadores de prensa, iniciada tras la asunción del presidente Javier Milei en diciembre de 2023.

“Es urgente que esta Comisión exija al Estado argentino garantizar condiciones para ejercer el periodismo y que condene el uso de aparatos estatales para hostigar a la prensa”, declaró Julia Mengolini, periodista, abogada y fundadora de la radio FutuRöck.

Milei: “No odiamos lo suficiente a los periodistas”

Francisco “Paco” Rabini, secretario adjunto electo de SiPreBA, afirmó: “Atacan a los periodistas y a los trabajadores de prensa porque quieren destruir el rol social de la comunicación”. Según sus declaraciones, es la primera vez en la historia democrática argentina que se diseña, dirige y alienta una campaña de ataque contra los periodistas desde las más altas esferas del poder.

Entre las expresiones que han generado consecuencias concretas, se destacó el tuit del presidente Milei: “No odiamos lo suficiente a los periodistas”. Las organizaciones señalaron que este tipo de discursos habilitan y normalizan la violencia física y simbólica contra comunicadores.

En este contexto, dos fotógrafos de Tiempo Argentino y Clarín fueron perseguidos con un cuchillo durante la cobertura de un acto presidencial, y el periodista Roberto Navarro, dueño de El Destape, fue atacado a golpes por un desconocido.

Durante las protestas sociales, las fuerzas de seguridad han utilizado balas de goma, gases lacrimógenos y granadas de efecto psicoactivo contra camarógrafos, reporteros gráficos y productores. Solo en la manifestación del 1 de febrero de 2024, se registraron 52 trabajadores de prensa heridos.

El caso más grave fue el del fotógrafo Pablo Grillo, quien el 12 de marzo de 2024 sufrió un impacto directo de una granada de gas en la cabeza, quedando al borde de la muerte. Su estado de salud sigue siendo crítico. Todos los casos fueron denunciados ante la Justicia.

Demandas judiciales como herramienta de censura

El presidente Milei ha presentado múltiples demandas contra periodistas por publicaciones críticas. Una de ellas fue contra el periodista Ari Lijalad, del medio El Destape. La causa fue desestimada por la justicia, pero generó una respuesta colectiva: más de 600 periodistas republicaron la nota en señal de solidaridad. Las organizaciones consideran que estas acciones no buscan condenas, sino saturar, intimidar y silenciar.

Otra línea de ataque es el desguace de los medios públicos nacionales. La agencia de noticias Télam ha sido vaciada de su capacidad editorial, sus periodistas han sido desplazados y su financiamiento reducido. Radio Nacional, la Televisión Pública y las señales educativas y culturales han sufrido un congelamiento salarial, pérdida de personal y cierre de programas.

La pauta publicitaria estatal fue redirigida arbitrariamente hacia medios afines al gobierno, afectando gravemente a los medios comunitarios, muchos de los cuales cerraron o redujeron su operación.

La periodista Mengolini relató que, en junio de 2025, fue víctima de una campaña de difamación y violencia digital sin precedentes, impulsada por inteligencia artificial para generar imágenes y videos falsos de contenido sexual, acompañados de amenazas de violación y muerte incluso contra su hija. El presidente amplificó estas agresiones con casi 100 mensajes en cuatro días, burlándose públicamente y justificando la violencia con la frase: “me merecía el vuelto”.

Además, fue demandada penalmente por una cobertura sobre un conflicto laboral en el Hospital Garrahan. La causa fue desestimada por la justicia, como ocurrió con otras dos denuncias presentadas por el presidente.

Las mujeres periodistas enfrentan un acoso específico

Las mujeres periodistas enfrentan un acoso específico: insultos sexualizados, amenazas a sus familias y campañas de desprestigio. “El mensaje implícito es recordarnos que, pese a nuestro rol en la esfera pública, nuestro lugar sigue siendo el de objeto de deseo y de burla”, concluyó.

La CIDH ha recibido evidencias de que las políticas del gobierno han generado un periodismo precarizado, sin condiciones laborales mínimas, con salarios devaluados y sin protección legal. La consecuencia directa es una reducción de la pluralidad informativa, un empobrecimiento del debate público y una erosión del derecho a la información.

La audiencia concluyó con la solicitud formal a la CIDH de que condene públicamente el uso de aparatos estatales para hostigar a la prensa; exija al Estado argentino que garantice condiciones seguras para el ejercicio del periodismo; supervise el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de libertad de expresión e investigue la responsabilidad de altas autoridades en la incitación a la violencia contra comunicadores.