Brasilia, 8 de mayo. El presidente del Congreso brasileño, Davi Alcolumbre, promulgó hoy la Ley de Dosimetría, que reduce las penas para condenados por tentativa de golpe de Estado y otros delitos vinculados a los sucesos del 8 de enero de 2023.
Alcolumbre expuso en un comunicado que la Constitución le atribuye la responsabilidad de tal acción cuando el presidente de la República no lo hace dentro del plazo legal de 48 horas.
La decisión será publicada en una edición extraordinaria del Diario Oficial de la Unión, divulgó agencia Brasil.
Se elimina la suma de sanciones
Dicha legislación establece que, cuando concurran delitos como tentativa de golpe de Estado y abolición violenta del Estado democrático de derecho, se aplique únicamente la pena más grave, eliminando la suma de sanciones prevista anteriormente.
Tal modificación reducirá el tiempo total de prisión para los condenados bajo esas figuras penales y podría beneficiar al expresidente Jair Bolsonaro y a otros implicados en los ataques de la fecha mencionada.
Entonces, ocurrieron ataques contra las sedes de los Tres Poderes en Brasilia perpetrados por simpatizantes bolsonaristas inconformes con el resultado de las elecciones presidenciales de octubre de 2022, cuyo vencedor fue Luiz Inácio Lula da Silva.
Beneficios sobre el 16% de cumplimiento de la condena
Con la nueva ley también se alteran las reglas de progresión de régimen penitenciario, al permitir que reos primarios accedan a beneficios tras cumplir el 16 por ciento de la condena y para reincidentes el mínimo pasa a la quinta parte en régimen cerrado, cifras inferiores a los actuales.
El proyecto de ley fue vetado integralmente en enero pasado por Lula, quien sostuvo que el texto contrariaba el interés público al disminuir las penas para delitos contra la democracia.
Sin embargo, el Congreso anuló el veto el pasado 30 de abril, con 318 votos a favor frente a 144 en contra y cinco abstenciones en la Cámara de Diputados, y 49 contra 24 en el Senado.
Conflicto con ley de Antifacción
Antes de la votación, Alcolumbre declaró “perjudicadas” algunas partes del texto por considerar que entraban en conflicto con la denominada Ley Antifacción, aprobada en marzo, razón por la cual esos apartados quedaron excluidos de la promulgación.
La aprobación de la norma fue considerada una derrota política para el Gobierno y generó críticas entre sectores oficialistas, juristas y usuarios de redes sociales.
Diversas voces cuestionan la constitucionalidad de esa iniciativa y alertan sobre sus posibles efectos en la respuesta penal frente a delitos contra el orden democrático.
El diputado federal Lindbergh Farias denunció que existía un “pacto vergonzoso” en el Congreso con el objetivo de obstaculizar investigaciones delicadas y garantizar la protección de Bolsonaro y los militares involucrados en la trama golpista.
Fuente: Prensa Latina
