Panamá suspende garantías constitucionales por protestas y disturbios
La medida recayó en la Provincia Bocas del Toro y regirá por cinco días
En medio de la represión a las protestas sociales en Panamá que ya han dejado al menos dos fallecidos, el Gobierno panameño anunció el viernes la suspensión de las garantías constitucionales y el «estado de urgencia» en la provincia de Bocas del Toro, fronteriza con Costa Rica.
El ministro de la Presidencia de Panamá, Juan Carlos Orillac, informó que la medida regirá por cinco días en un intento por poner fin a las protestas y movilizaciones sociales en la provincia panameña.
En la víspera, el mandatario panameño, José Raúl Mulino, advirtió que valoraría «tomar acciones constitucionales» en la región ante los supuestos ataques registrados contra edificios públicos y comercios.
Panamá protesta contra las reformas del Seguro Social
Las protestas comenzaron en el mes de abril y han sido protagonizadas por sindicatos de la construcción, docentes y comunidades indígenas.
Todos exigen la derogación de una reforma aprobada en marzo, que eleva la edad de jubilación y abre la puerta a la privatización de los fondos de pensiones.
Para reprimir las movilizaciones, la Policía de Panamá ha implementado la operación Omega, con el despliegue de 1.500 efectivos en la región para «garantizar el libre tránsito y la seguridad de la ciudadanía», sobre todo ante el bloqueo de rutas con árboles por parte de los manifestantes.
Todos los sectores rechazan promulgación de Ley 462
La huelga surgió como reacción a la promulgación de la Ley 462, impulsada por la Asamblea Nacional y sancionada por el presidente José Raúl Mulino, quien rechaza cualquier posibilidad de revisión o derogación de la norma.
El movimiento de protesta se amplió el 28 de abril con la adhesión de trabajadores de la construcción, la salud, educación, bananeros, entre otros sectores laborales y pueblos originarios.
Entre las exigencias también figura la defensa de la soberanía nacional. Los sindicatos y movimientos sociales rechazan de forma categórica el acuerdo firmado entre Panamá y Estados Unidos, que permite el despliegue de tropas de ese país en territorio panameño bajo el pretexto de proteger el Canal de Panamá frente a “supuestas amenazas” extranjeras.
Para los manifestantes, este pacto representa una entrega de la soberanía nacional y una muestra de subordinación del presidente Mulino a los intereses de Washington.
Con TeleSur
Mantendrán en Panamá cierres viales y protestas contra ley del seguro
