Las actas fiscales con información de los protocolos de necropsia de los fallecidos en la ciudad peruana de Ayacucho indican que las personas asesinadas durante la manifestación recibieron impactos de bala en zonas vitales, lo que evidencia que les dispararon a matar.
La antropóloga forense Carmen Rosa Cardoza, fundadora del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), analizó el contenido de los documentos. Explicó que, de las diez víctimas, seis registran disparos en el tórax, tres en el abdomen y uno en la cabeza. “Las lesiones en estos segmentos son consideradas letales”, concluyó.
Detalló que, en el caso de Edgar Prado Arango, de 51 años, el acta refiere que tiene un “traumatismo toracoabdominal abierto” ocasionado por un proyectil de arma de fuego (PAF). “Este tipo de lesiones es resultado de proyectiles de alta velocidad. Tienen una entrada discreta y pequeña —el diámetro del proyectil—, y la salida es muy grande”, sostuvo.
Los militares dispararon a matar
El momento en que Prado recibió el impacto de bala disparado por efectivos militares que perseguían a los manifestantes que habían tratado de tomar el aeropuerto fue registrado por un video de seguridad. Él no participaba en la protesta; había salido de su casa para ayudar a los heridos, hasta que un proyectil le impactó.
De acuerdo al acta, Raúl García Gallo, de 35 años, recibió dos balazos: tenía un “traumatismo abdominal abierto” y una “perforación femoral arterial derecha”.
Cardoza precisó que estas lesiones habrían sido ocasionadas por municiones de alta velocidad. “Son dos disparos. No se sabe si los dos fueron hechos por la misma persona, pero por la evidencia se podría sugerir que se trata de dos personas disparando al mismo blanco”, comentó.
Las actas fiscales de necropsia muestran que seis de los fallecidos presentaban lesiones abiertas por PAF. Además de Prado y García, tenían la misma condición los cuerpos de Luis Miguel Urbano Sacsar, de 22 años; Leonardo Hancco Chaca, de 32 años; Josué Sañudo Quispe, de 31 años; y Jhonathan Alarcón Galindo, de 19 años. Todos ellos tenían heridas mortales en abdomen o tórax.
Mientras que José Luis Aguilar Yucra, de 20 años, murió por un disparo en la cabeza. El documento fiscal señala que el proyectil le causó un “trauma craneoencefálico” y tenía una fractura de la bóveda y base craneal, con laceración del cerebro. Pero, además, el médico legista dio cuenta de que recuperaron un cuerpo metálico, el cual fue entregado a la Fiscalía.
“No especifican que sea un fragmento de bala, pero esto quiere decir que, sea lo que sea lo que le impacta, hay un pedazo que queda adentro. Los proyectiles de armas largas suelen fragmentarse al impactar. No puedo afirmar que lo sea, solo es una observación. Se necesita saber el tipo de bala que lo impactó para confirmarlo”, manifestó la antropóloga forense.
Aguilar tampoco estaba participando en las movilizaciones. Sus familiares contaron que estaba regresando a casa del trabajo, en una cevichería cercana al lugar donde fue alcanzado por el disparo que le quitó la vida.
Órdenes precisas
La abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Gloria Cano, coincidió en que las muertes en Ayacucho han seguido una pauta que se evidencia en el hecho de que la mayoría de las lesiones de los fallecidos, así como de algunos heridos, están en el segmento superior del cuerpo.
“En las actas vemos un patrón de lesiones en áreas vitales, que son el abdomen, tórax y cabeza, donde hay heridas por armas de fuego. No pueden decir que les dispararon sin querer comprometer áreas vitales. Ha habido la intención de hacerlo, por las zonas donde cayeron los disparos y el tipo de munición que utilizaron”, comentó.
Destacó que, para dispersar algún tumulto o protesta, los efectivos policiales deben recibir indicaciones de apuntar al piso para evitar daño o lesiones graves. Sin embargo, en el caso de las protestas de Ayacucho participaron militares, que no están preparados para el control de multitudes.
“Los militares reciben cursos y hacen prácticas de tiro con la figura de un humanoide. Les enseñan a disparar a las áreas vitales: tórax y cabeza. Esto ocurre porque el Ejército está hecho para la guerra. Por eso, dispararon a matar, tomando en cuenta que iban a lesionar lugares del cuerpo que podían llevar a la muerte”, afirmó.
La abogada, que ha llevado numerosos casos judiciales de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno de 1980 al 2000, refirió que muy probablemente les dieron la orden de “eliminar al enemigo”, sin explicarles de forma precisa lo que debían hacer frente a las manifestaciones.
“Debieron explicarles que en caso de necesidad tenían que disparar al aire, a la tierra. Si los sacan sin darles órdenes específicas, harán lo que aprenden, que es disparar a los segmentos vitales del cuerpo humanos. Cuando ocurre lo de Ayacucho, ya había pasado lo de Andahuaylas, donde había muertos con disparos en la cabeza, tórax y cuello. Debieron haber tomado todas las previsiones para que no ocurriera en Ayacucho. O no se tomaron las previsiones o se ordenó disparar para evitar cualquier toma de instalaciones a sangre y muerte”, lamentó.
Los asesinados en las Huamanga
Cano señaló que otro patrón importante es identificar las calles donde se produjeron los disparos, pues en algunos casos los hechos se dieron en los alrededores del aeropuerto de Huamanga, que intentaban tomar, pero otros no tan cerca.
“Un menor de edad fallecido cayó cerca del cementerio, que no está muy cerca del aeropuerto. Hay videos donde se ve a los militares corriendo fuera del aeropuerto, desplazándose más allá de sus límites. Las órdenes eran proteger el aeropuerto, pero los disparos no han sido adentro, sino en calles aledañas o vecindarios cercanos y eso quiere decir que la fuerza militar se trasladó a esos anillos de seguridad.
En cuanto a los responsables de este tipo de crímenes, no siempre se puede saber quiénes dispararon, pues no siempre se controló a quién se le asigna una determinada arma, por lo que los responsables son quienes estuvieron a cargo de la conducción de la tropa y quienes autorizaron la salida de los militares. “Me refiero a Dina Boluarte @DinaErcilia, el premier y el ministro de Defensa, el jefe de la región o de la zona de seguridad a la que pertenece Huamanga. Todos ellos deben ser investigados en la carpeta fiscal”, acotó.
T/ La República/ LRDS
