“El hambre aumentó en la región en 30% entre 2019 y 2021, a pesar de que el índice de precios de los alimentos de la FAO bajó en los últimos 7 meses, su nivel aún se mantiene 14% más alto en comparación al 2021”.
Así lo informó Mario Lubetkin, Subdirector General y Representante Regional de la FAO para América Latina y el Caribe.
Explicó que la alta dependencia de la importación de fertilizantes y la variación de los precios de los alimentos tiene un impacto negativo e inevitable en los medios de vida, principalmente de la población rural, y en el acceso a una dieta saludable.
Lubetkin añadió que el fortalecimiento de los sistemas de protección social en las zonas rurales, particularmente orientados a agricultores familiares; y eliminar las restricciones al comercio internacional de alimentos y fertilizantes serán medidas clave en el proceso de respuesta a la actual crisis.
Asimismo, destacó que el informe Hacia una seguridad alimentaria y nutricional sostenible en América Latina y el Caribe en respuesta a la crisis alimentaria mundial, refiere la necesidad de reforzar el papel activo que los sistemas de protección social.
Este fortalecimiento incluye los programas nacionales de alimentación escolar, desempeñados durante la fase más crítica de la pandemia. “Es una necesidad para evitar que los segmentos más vulnerables de la población, como niños y ancianos, se vean irreversiblemente afectados por el alza de precios de los alimentos”.
Disminuir la vulnerabilidad
En el actual escenario regional, donde la pobreza multidimensional está cada vez más vinculada a la inseguridad alimentaria y nutricional y, donde diferentes crisis se están sumando a inequidades estructurales profundas; los sistemas de protección social, incluyendo a la alimentación escolar, juegan un papel fundamental en mitigar la vulnerabilidad de las personas antes, durante y después de las crisis.
Programa Mundial de Alimentos
Lola Castro, directora Regional del WFP para América Latina y el Caribe, indicó que como Programa Mundial de Alimentos están acompañando a los gobiernos nacionales para identificar y responder a las necesidades alimentarias.
En ese sentido, trabajan en la expansión de la protección social de manera sostenible, además de un continuo fortalecimiento de la preparación de los sistemas, para no dejar a nadie atrás.
Garantizar el acceso de los pequeños productores a los fertilizantes y biofertilizantes es una medida necesaria y válida si se focaliza en los productores que más lo necesitan y se condiciona a la mejora de la eficiencia en el uso de los mismos, sostuvo.
Sector público y privado deben financiar los proyectos
La funcionaria indicó que el financiamiento de esas iniciativas debe incluir no solo los presupuestos públicos, sino también a los bancos de desarrollo, la banca privada (con la creación de mecanismos de garantía) y otras alternativas de financiamiento internacional como los bonos verdes y sociales.
Finalmente, destacó que el informe conjunto de la Cepal, FAO y el Programa Mundial de Alimentos, refiere la complejidad y la magnitud de las políticas que se requieren para conciliar las respuestas de emergencia con la reducción de problemas estructurales y fiscales demandan la coordinación en diversas áreas —macroeconómica, social y productiva— y la articulación de las respuestas a nivel regional.
T/CEPAL/LRDS
