El procurador general de Panamá, Javier Caraballo, anunció este martes en conferencia de prensa que hasta la fecha el Ministerio Público abrió 18 casos y ha identificado a 20 víctimas de abuso en los albergues custodiados por el Estado. Caraballo negó que durante el periodo que han durado estas investigaciones, los niños y adolescentes de los albergues se hayan dejado de forma desprotegida para ser revictimizados en estos albergues.
Aclaró que en todos los casos en que se encontró un niño, una niña o un adolescente posiblemente victimizado, fueron sacados de esos albergues y reubicados.
MP amplía investigación a 56 albergues
Agregó que a lo largo de estos días el Ministerio Público ha realizado inspecciones oculares en 56 albergues en toda Panamá, para verificar si se han cometido hechos delictivos dentro de estas instalaciones.
Explicó que como resultado de estas inspecciones, el Ministerio Público se abocó a realizar una serie de entrevistas a los niños y adolescentes que habitaban en estos albergues, y producto de ello desde el lunes 1 de marzo a la fecha, un grupo de fiscales acompañados de psicólogos y trabajadores sociales a lo largo del país, ha logrado entrevistar a más de 280 niños y adolescentes que habitan o habitaban en diferentes albergues.
Estas entrevistas se realizaron para verificar si alguno de ellos ha sido víctima de maltrato físico, psicológico o víctima de delito sexual o algún otro tipo de conducta delictiva.
Falta de acompañamiento de las autoridades
La Defensoría del Pueblo detectó una serie de carencias en 44 albergues visitados en todo el país, que pueden resumirse en falta de personal idóneo para el cuido de los niños y adolescentes; la falta de acompañamiento de las dependencias que deben velar por sus casos, así como poca asistencia de las diferentes instituciones –como el Ministerio de Educación, el de Salud, el de Desarrollo Social y el Instituto Panameño de Habilitación Especial– en el cuido de los menores.
Lo anterior se desprende del informe preliminar efectuado a 44 albergues de todo el país en donde se realizaron entrevistas con el personal que se relaciona con los niños y adolescentes.
La Defensoría contabilizó 976 niños institucionalizados; este dato incluye a jóvenes adultos que se han mantenido en los centros por no contar con alternativa familiar.
De esta población, 365 son niños, 303 niñas, 88 adolescentes masculinos, 163 femeninas, 36 adultos masculinos, y 20 mujeres adultas. De ellos, se identificó una población de 133 menores con discapacidad.
En los albergues panameños hay 14 migrantes cuya condición debe analizarse detenidamente según la nacionalidad, ya que la mayoría de ellos llega al istmo sin documentación, acompañados de adultos que no son sus padres, ya sea porque han sido encargados a terceros en su ruta hacia el norte, o porque su padre o madre mueren en la selva de Darién, provincia fronteriza con Colombia, un paso casi obligado para llegar a Estados Unidos.
La mayoría de los niños y adolescentes que se encuentran en albergues han presentado situaciones de abandono, abuso, y trastorno mental. Sus rostros reflejan incertidumbre, tristeza, inseguridad, ansiedad…, y desconocen cuánto tiempo permanecerán en el albergue además de sus derechos.
Solo 13 de los 44 centros de cuido cuentan con personal técnico, trabajadores sociales, nutricionistas y personal de Salud para la intervención de los menores. El resto carece de estos especialistas.
Solo una docena de los albergues ha capacitado previamente a su personal.
En cuanto a la educación, todos se han incorporado al sistema, pero de los 44 albergues, 10 tienen población con alguna discapacidad física o cognitiva y han contactado al IPHE para su atención.
Una queja generalizada es la falta de documentación con la que son recibidos los menores en los albergues. En este sentido, se refiere a salud, educación o genealogía.
De los centros visitados por la Defensoría, ocho preparan dietas distintas para la población especial.
A raíz de lo anterior, el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, efectuó una serie de recomendaciones a acatarse por las diferentes entidades y entregó los hallazgos al alto comisionado de la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alberto Brunori.
t/ La Estrella/ LRDS
