Frente Amplio señala responsabilidad de Lacalle Pou en caso Cardama
Por irregularidades en la compra de dos patrullas navales al astillero español Cardama
El Frente Amplio (FA) señaló este lunes al expresidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, como responsable político por irregularidades en la compra de dos patrullas navales al astillero español Cardama.
Fue una de las conclusiones de la investigación de la bancada frenteamplista sobre el contrato que fue rescindido por el gobierno del presidente Yamandú Orsi, que presentó una causa ante la Justicia.
“Entendemos que el primer responsable político de esta situación en la cual se encuentra el Estado uruguayo es el expresidente Luis Lacalle Pou”, afirmó el senador Nicolás Viera durante una conferencia de prensa junto a otros legisladores y al presidente de la fuerza política, Fernando Pereira.
Según Viera, esa responsabilidad surge no solo de su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas durante el proceso, sino de “haber respaldado políticamente” la adquisición de las patrulleras y “la forma irregular con la cual se actuó”.
El senador también señaló responsabilidades políticas del exministro Javier García, su sucesor Armando Castaingdebat y distintos funcionarios de confianza del Ministerio de Defensa que participaron del proceso.
A su vez, el diputado Joaquín Garlo sostuvo que luego de seis meses de investigación el oficialismo identificó una serie de “irregularidades graves” y hechos que, a su entender, presentan apariencia delictiva y deberían ser investigados por Fiscalía.
Mencionó la documentación falsa utilizada para constituir las garantías, el otorgamiento de prórrogas sin registros y pagos efectuados sin tener a la vista los documentos originales, traducidos y apostillados.
“Cardama sin lugar a dudas es el principal responsable de todo este proceso, pero los hechos consumados por Cardama no podrían haberse consumado sin la acción u omisión de funcionarios públicos”, subrayó Garlo.
El FA también cuestionó las sucesivas prórrogas otorgadas a Cardama. Tanto García como Castaingdebat asumieron ante la comisión la responsabilidad política por decisiones tomadas durante sus respectivas gestiones.
Señala además una serie de decisiones tomadas “sin expediente, sin resoluciones fundadas” y sin controles debidamente documentados.
En ese sentido, el senador Eduardo Brenta defendió la decisión del gobierno de rescindir el contrato y afirmó que permitió evitar el pago de más de 50 millones de euros que todavía quedaban pendientes.
Por su parte, la opositora coalición republicana anunció en conferencia de prensa que denunciará penalmente en los próximos días a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, por el presunto delito de abuso innominado de funciones en el tratamiento del caso.
El anuncio fue realizado este lunes por el diputado del Partido Nacional Pablo Abdala, quien sostuvo que la denuncia estará vinculada con asuntos que eran competencia del Ministerio de Defensa y señaló que Lazo tendría responsabilidad “legalmente, políticamente y penalmente, en la medida de lo que corresponda”.
Abdala afirmó que durante siete meses se omitieron controles y tareas de seguimiento sobre la construcción de las embarcaciones y cuestionó que el gobierno continuara cumpliendo con las obligaciones financieras del contrato pese a tener la decisión de rescindirlo tomada.
“La actual administración pagó 20 millones de euros con relación a la ejecución de un contrato que ya tenía dispuesto terminar desde el inicio”, afirmó.
Fuente: Prensa Latina
