En un comunicado, la Corte subrayó que Ecuador es un Estado constitucional y democrático donde “todas las personas, autoridades e instituciones estamos sujetos a la ley y al orden constitucional”.

El pronunciamiento llega en medio de las críticas al decreto presidencial que busca llamar a consulta popular sin haber solicitado previamente el dictamen obligatorio de la Corte, como establece la Carta Magna.

La Corte enfatizó que las instituciones estatales pueden actuar únicamente dentro del marco de sus competencias y que este principio protege a la ciudadanía frente a decisiones arbitrarias.

“La Corte Constitucional cumple un rol de garante de la norma suprema (…) Sus decisiones y precedentes son vinculantes y de obligatorio cumplimiento. Ningún órgano puede desconocer los mecanismos constitucionales”, señaló el texto.

El tribunal advirtió que si bien respeta las iniciativas de modificación constitucional, estas deben ajustarse a los procedimientos previstos en el sistema jurídico.

La Corte llamó a la prudencia y exhortó a las autoridades a actuar dentro de la institucionalidad

Finalmente, la Corte llamó a la prudencia y exhortó a las autoridades, actores políticos y sociales a actuar dentro de la institucionalidad “por el bien del país”, en una clara alusión a las tensiones generadas por el decreto presidencial.

Autoridades locales, políticos y juristas cuestionaron la decisión del mandatario de pedir al Consejo Nacional Electoral (CNE) llamar a consulta popular para decidir sobre una reforma total de la Carta Magna sin pasar por el filtro de la Corte.

El abogado constitucionalista André Benavides señaló que la convocatoria a una Constituyente de forma directa, sin control previo de la Corte, “es una afrenta al sistema político y democrático del Estado ecuatoriano”.

“Saltarse ese paso es una ruptura democrática, un golpe de Estado institucional para tomarse todos los poderes. No es democracia, es dictadura disfrazada de papeleta”, afirmó la legisladora de la Revolución Ciudadana (RC) Viviana Veloz, quien anunció que presentará una demanda de inconstitucionalidad.

Paola Pabon, cuestionó decisión del presidente y consideró que se vulnera el pacto social

La prefecta de Pichincha, Paola Pabon, cuestionó también la decisión del presidente y consideró que con esa maniobra vulnera el pacto social, “es debilitar el Estado de derecho y abrir la puerta a la arbitrariedad, poniendo en riesgo el sistema democrático”.

Asimismo, el Foro por la Democracia, un colectivo de la sociedad civil integrado por abogados y juristas, advirtió en un comunicado sobre un “grave rompimiento del orden democrático”.

En medio de las tensiones existentes en el país, con un paro nacional anunciado en rechazo al alza del diésel, el mandatario justificó la convocatoria directa a la Constituyente como una vía para superar la crisis de gobernabilidad.

“La obstrucción que ciertos organismos politizados intentan imponer al cambio que necesita el país no será motivo para detener la voluntad del pueblo ecuatoriano”, dijo la Presidencia en un comunicado.

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(Prensa Latina)