El 9 de marzo de 2015, el entonces presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Barack Obama, emitió un decreto que califica a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior” del país norteamericano-
Ocho (8) años después, el pueblo venezolano, junto al presidente Nicolás Maduro, se mantiene en resistencia ante las consecuencias de la acción imperial, logrando superar las adversidades y en pie firme hacia la recuperación real de la economía nacional.
De acuerdo con analistas, este tipo de medidas son un antecedente para justificar la intervención estadounidense en los países señalados de “amenaza” a sus intereses políticos y económicos, como parte de la política de “máxima presión” que aplica el imperialismo con el objetivo de derrocar gobiernos que no se subordinan a sus designios, como es el caso de Venezuela.
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— Cancillería Venezuela 🇻🇪 (@CancilleriaVE) March 9, 2023
Decreto Obama
Una vez anunciada la Orden Ejecutiva 13692, conocida comúnmente como “decreto Obama», el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, encabezado por el presidente Maduro, se pronunció para repudiar la política hostil de la Casa Blanca, que abriría paso a la imposición de más de 900 medidas coercitivas unilaterales contra la estabilidad económica de la nación suramericana.
En este sentido, Venezuela inició una campaña nacional para exigir al Gobierno estadounidense la derogación de la medida injerencista, por lo que se activó un proceso de recolección de firmas casa por casa, como parte de la campaña “Obama, deroga el decreto ya“.
En principio, el objetivo era alcanzar 10 millones de rúbricas, pero superó las expectativas, al sumar alrededor de 13 millones y medio de firmas que, en su momento, fueron remitidas a Washington, sin obtener respuesta.
Consecuencias del bloqueo contra Venezuela
Las consecuencias derivadas de esta política criminal del imperialismo norteamericano repercuten contra el bienestar de todo un pueblo, todo ello denunciado, con pruebas, ante la Corte Penal Internacional (CPI), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y demás espacios multilaterales, como una flagrante violación a los derechos humanos de las venezolanas y los venezolanos.
Renovación de los ataques
El pasado 2 de marzo, como cada año desde 2015, el ahora inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden, renovó la referida orden ejecutiva, dando así continuidad a la agresión criminal contra el pueblo venezolano.
Nuevamente, el Gobierno Bolivariano condenó mediante un comunicado la afirmación infundada de que la nación representa algún tipo de amenaza contra EEUU, aún más cuando es evidente que ha sido Venezuela el país que ha tenido que enfrentar una multiplicidad de amenazas.
Además, de chantajes, agresiones y ataques que vulneran los derechos humanos de todo el pueblo venezolano, atropellan las normas establecidas en el derecho público internacional y constituyen un crimen de lesa humanidad.
Venezuela resiste y avanza victoriosa al cumplirse ocho años del decreto injerencista de EE.UU.
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