‎El ministro del Interior de Perú, César Augusto Astudillo, desató una fuerte controversia al emitir declaraciones con matices discriminatorios y de abierta estigmatización contra la comunidad venezolana residente en el país andino.

‎Durante su comparecencia oficial ante el Parlamento, el titular de la cartera abordó la demografía migratoria comparando numéricamente a la población extranjera con los pueblos originarios locales y anunciando planes de deportación masiva por vía marítima.

‎Ante los legisladores, el funcionario aseveró que en territorio peruano conviven cerca de dos millones de ciudadanos venezolanos. Al referirse al volumen de esta población en comparación con los grupos originarios locales, el ministro señaló: «En el Perú hay más venezolanos que aymaras. Hay ya cerca de 2 millones de venezolanos. Y de esos venezolanos, con mucho esfuerzo, con muchísimo esfuerzo, hemos expulsado ya a 1635 del país».

‎Anuncios de repatriaciones masivas y cuestionamientos

‎El alto funcionario gubernamental profundizó en el estatus legal de los migrantes y en los mecanismos de control implementados por su administració. «Ser ilegal en el Perú no es un delito, pero una vez que eres expulsado y reingresas, ya estás cometiendo un delito. Todos ellos están registrados con biodata para evitar que reingresen con otra identidad», añadió.

‎Sin embargo, el punto más álgido y cuestionado de su intervención recayó en la revelación de coordinaciones bilaterales para intensificar las deportaciones mediante el uso de infraestructura naval.

‎Sobre esta medida punitiva, el titular de la cartera indicó que «algunos regresan sometiéndose a la ley peruana, pero estas medidas van a incrementarse significativamente con los acuerdos que vamos a tener, sobre todo con Venezuela, para repatriarlos; los vamos a mandar por barco y en grandes cantidades. Espero que las cosas se den así».

‎Aunque matizó que el universo migratorio no está compuesto en su totalidad por infractores de la ley, sus expresiones ligaron la seguridad ciudadana con la presencia extranjera. «Ahora bien, los casi 2 millones no son todos delincuentes: hay gente que sí trabaja. Sin embargo, tenemos dentro de esa esfera a una gran cantidad de delincuentes y criminales perversos; criminales de extrema violencia que caminan por nuestras calles. Estamos detrás de ellos y todos los días ejecutamos operativos contra estos criminales», dijo el ministro.

‎Un contexto regional marcado por la xenofobia institucional

‎Estas posturas se enmarcan en un escenario sudamericano donde la movilidad humana procedente de Venezuela ha sido constantemente instrumentalizada por diversos gobiernos de la región.

‎A lo largo de los últimos años, migrantes y refugiados venezolanos han enfrentado crecientes barreras burocráticas, discursos de odio desde las altas esferas políticas, restricciones laborales y operativos de expulsión sumaria en naciones como Chile, Ecuador y el propio Perú.

‎Organizaciones de derechos humanos han advertido repetidamente que la asociación sistemática entre migración y delincuencia vulnera los principios internacionales de protección y fomenta la xenofobia estructural.

‎Con estas nuevas advertencias de deportaciones marítimas a gran escala, la política migratoria peruana endurece su enfoque de seguridad, dejando de lado la atención humanitaria integral que demanda el éxodo más numeroso en la historia reciente de América Latina.

Fuente: Últimas Noticias

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