Durante su mensaje a la Nación, la presidenta (E) de la República, Delcy Rodríguez, firmó la Ley Orgánica para la Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos, aprobada por unanimidad por el Parlamento venezolano el pasado 26 de marzo del presente año.
La mandataria nacional encargada señaló que esta ley es un instrumento que hace justicia a los venezolanos y las venezolanas, por lo que llamó a la construcción de una nueva institucionalidad del Estado, al asegurar que debe ser digital, transparente, moderna, eficiente y profesional en función de mejorar los procesos de la ineficaz burocracia local.
La Ley Orgánica para la Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos busca eliminar la burocracia, digitalizar procesos y agilizar las gestiones públicas, y consta de 12 a 13 artículos destinados a simplificar trámites, lo que permite al Ejecutivo suspender o suprimir requisitos innecesarios para mejorar la atención ciudadana y la eficiencia estatal.
El pasado lunes, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró la constitucionalidad de carácter orgánico de la Ley Orgánica para la Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos.
La normativa cumple con todos los requisitos legales y constitucionales exigidos para su entrada en vigor, despejando cualquier duda sobre su validez jurídica. Así lo indicó el máximo tribunal.
El artículo 1 de esta ley establece como objetivo central definir una base normativa robusta que permita a la Administración Pública ejecutar de manera ágil y eficaz los mecanismos de optimización de gestiones.
La normativa busca “acabar con el viacrucis de los venezolanos en las taquillas”, indicó el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez.
En ese sentido, buscan disminuir drásticamente los plazos de tramitación y respuesta ante las diversas solicitudes y peticiones realizadas por la ciudadanía.
Los magistrados de la Sala Constitucional subrayaron que esta ley representa una respuesta estructural del legislador frente a una realidad histórica marcada por la excesiva burocratización, la dilación indebida y la ineficiencia operativa.
Esta ley permitirá la prontitud en la resolución de expedientes, la eliminación de pasos innecesarios en los procesos internos y la optimización de los recursos del Estado para mejorar el servicio al público.
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